Amnistía Internacional emprendió una evaluación en Venezuela ante la compleja situación política y económica que enfrenta el país suramericano que está generando un contexto de violaciones a los derechos humanos sin precedentes, según estimaciones de la organización.
Para cumplir esa misión arribó el pasado fin de semana al país Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía para las Américas, para documentar el estado actual de los derechos humanos y la crisis generada por una severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una desbordada inflación. La activista espera estar en Venezuela hasta el 11 de junio.
“Mi visita responde al agravamiento de la situación dada la compleja crisis», afirmó Guevara-Rosas al reconocer que la situación de deterioro político y económico está ocasionando un «contexto violaciones a los derechos humanos sin precedentes en Venezuela».
La directora de Amnistía Internacional para las Américas indicó que la víspera sostuvo encuentros con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y congresistas opositores, y está a la espera de la confirmación de una reunión con el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz. La activista tiene previsto también realizar visitas a localidades aledañas a Caracas y la ciudad suroccidental de San Cristóbal, para evaluar directamente en esas comunidades la situación generada por la crisis económica.
Guevara-Rosas dijo en entrevista con The Associated Prees que Amnistía Internacional aspira a coadyuvar a «un espacio de diálogo poder intercambiar con las autoridades del Estado nuestras preocupaciones, pero también nuestras denuncias y llamamientos para que puedan poner los derechos humanos en el centro de la agenda».
En el caso del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, que Amnistía Internacional considera un «preso de conciencia», la activista dijo que la organización sigue a la espera de que se dé la «liberación incondicional e inmediata» del político que desde hace casi 28 meses permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.
López, de 45 años, fue condenado en septiembre del año pasado a casi 14 años de cárcel tras ser acusado de promover unas violentas protestas en la capital en febrero del 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos. La defensa del opositor denunció que en ese caso no se siguió el debido proceso y se le condenó sin pruebas.
El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está promoviendo un proceso de diálogo en el país, visitó sorpresivamente el pasado sábado la cárcel de Ramo Verde para reunirse con López.
Amnistía Internacional también considera como un «preso de conciencia» al diputado suplente del partido Voluntad Popular, Rosmit Mantilla, quien está detenido desde hace dos años en la sede de la policía política por supuestamente promover unas protestas contra el gobierno en el 2014. La organización denunció que en el caso de Mantilla hay «claras violaciones» al debido proceso.
El gobierno venezolano sostiene que en el país hay pleno respeto a los derechos humanos como nunca en la historia. En el caso de López las autoridades aseguran que han actuado apegadas a las leyes.
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