A través de un comunicado público, el partido político Generación Independiente (Gente), respaldó la decisión adoptada el pasado 30 de mayo del presente año por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de activar los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana (CDI) para abordar la grave crisis político-institucional que amenaza hoy los valores y principios libertarios sobre los que descansa la democracia venezolana.
“Respaldamos en forma decidida todas las iniciativas, individuales o colectivas, dirigidas a promover, fortalecer y desarrollar los regímenes democráticos de los países del continente y del mundo. En el caso de Venezuela, celebramos la valentía y el arrojo con los que el secretario general de la OEA, en el marco del derecho internacional, ha llamado a aplicar los mecanismos de defensa colectiva de la democracia previstos en la CDI, instrumento jurídico que en su momento fue adoptado de manera entusiasta y esperanzada por todos los países miembros del más importante foro multilateral de las Américas”, puntualizan.
Asimismo exhortan que se active la Carta Social de Las Américas, instrumento que a su juicio, obligaría al gobierno nacional a respetar los derechos fundamentales de todos los venezolanos.
“La Carta Social de las Américas (CSA) promueve ampliamente los derechos fundamentales de los pueblos del continente invocando vehementemente los principios de solidaridad y cooperación interamericanas que mucho requiere hoy el país para superar la generalizada escasez de productos alimenticios básicos, de medicinas, e incluso la pésima y deficiente prestación de servicios públicos esenciales como el agua o la electricidad, los alarmantes niveles de inseguridad a lo largo y ancho del territorio nacional, entre otras muchas adversidades que conforman, sin duda, cada vez con mayor fuerza, un cuadro de emergencia humanitaria”, explican.
La tolda política de oposición concluye su comunicado “rechazado categóricamente las amenazas de judicializar el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución de la República, proferidas por el Gobierno nacional contra dirigentes y actores políticos diversos – y en particular, contra los miembros de directiva de la Asamblea Nacional – por el solo hecho de invocar normas de derecho expresamente reconocidas en el sistema legal venezolano y que por lo tanto resultan exigibles”.
