Aproximadamente 627 familias se encuentran en la disputa legal y de manera conflictiva de unas 10 hectáreas de terreno ubicadas en sector La Rinconada, vía El Cercado, al frente de la Urbanización Villas Gardens. Agrupados en cinco asociaciones civiles pro vivienda, las personas indicaron que hicieron, en distintos momentos, la compra de las tierras que pertenecían a la sucesión Mujica, la mayoría lo hizo en el 2012.
Sin embargo, cuando planeaban empezar a ejecutar un proyecto habitacional en el sitio, se les fue impedido el paso de manera “ilegal” por la Asociación Civil Lomas del Country (Asolcountry), quienes alegan que dicho espacio les pertenece.
“Contrataron vigilancia y levantaron un portón para el que solicitaban 10.000 bolívares por propietario, pero eso lo hicieron con recurso de la Misión Ribas, y como no pagamos no nos quieren dejar entrar”, denunciaron los presentes.
Es por ello, que las asociaciones Villa la Orquídea, Villa Merú, Villa El Rosal, Villa del Mar, Villas El Comandante, se reunieron el día de ayer con Asolcountry con el fin de buscar solución a esta problemática que tiene en disputa más de tres meses.
“Todos compramos con los documentos respectivos y tenemos alrededor de 80 notariados que demuestran que esos terrenos son nuestros”, aseguró la señora María Gutiérrez, integrante de una de las asociaciones civiles.
En dicha reunión, también estuvieron presente los abogados y apoderados de la sucesión Mujica, quienes respaldaron la posición de la unión de asociaciones, al mismo tiempo que manifestaron contar con la documentación legal necesaria para respaldar sus alegatos.
Pernoctan en los terrenos
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, un grupo de alrededor 10 personas pertenecientes a las asociaciones decidieron postrarse y pernoctar en el lugar en aras de “evitar que nos quiten lo que ya es nuestro. Ellos quieren quedarse con nuestras parcelas”, comentó uno de los que dice ser propietario.
Declararon que cuentan con un proyecto de viviendas ya presentado y autorizado por las empresas prestadoras de servicios públicos como Corpoelec e Hidrolara, pero sin posibilidad de ejecutarlo hasta que no se dé resolución jurídica.
Documentación falsificada
El abogado apoderado y derechante de los Mujica, Leonardo Medina, agregó que cuentan con un deslinde de vieja data que contempla la topografía de La Torrealbera (terreno es disputa).
Aseguró que el escrito registrado en la Oficina Inmobiliaria de Iribarren por los abogados de Asolcountry, con el que se amparan, es “fraudulento”. Además este, especifica unas coordenadas que solapan la propiedad de sus representados, por lo que hizo responsable a la municipalidad por la situación.
