Ciertamente, está entre las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU), de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Universidades vigente, velar por la correcta ejecución de los presupuestos de las Universidades Nacionales, así como por el cumplimiento, en cada una de ellas, de las disposiciones que establece dicho instrumento legal, además de las normas y resoluciones que, en ejercicio de tales atribuciones le corresponda dictar. Sin obviar, que a los fines indicados podrá solicitar de las respectivas autoridades universitarias las informaciones que considere necesarias para el cumplimiento de esta misión.
A propósito del debate que se da en el seno de dicha instancia y fuera de ella, el un clima de polarización extremo e intolerancia tal, que no permite el acuerdo necesario para el fortalecimiento institucional y, por ende, convertirse en referencia para el resto del sistema político. Pese a que se realizan esfuerzos en cada sesión, no se concretan acuerdos, en la medida esperada que la gobernabilidad y la sustentabilidad requiere.
El planteamiento reiterativo de la necesaria rendición de cuentas, en algunas universidades, sobre todo en las denominadas autónomas, no encuentra el eco responsable en algunas autoridades que se niegan a hacerlo o cuando lo hacen no se ajustan a lo pautado en esta materia, contraviniendo las normas aprobadas, amparándose en el mal entendido principio autonómico, para crear una especie de “caja negra” inexpugnable, ante la transparencia que se demanda.
La cuestión del sistema nacional de ingreso, controversial y ampliamente debatido, con el reconocimiento y el compromiso de hacerlo perfectible sobre la base de su evaluación, igualmente es objeto de desconocimiento por parte de algunas universidades, cada vez en menor número, pero que se colocan en situación de desacato, ante una medida que fue aprobada por la citada instancia.
El debate incorpora, en medio de las circunstancias actuales, los problemas derivados del desabastecimiento que inciden en el funcionamiento del comedor. Para ello, se instrumenta el sistema de envío de recursos proteicos o cárnicos, adaptado a las formas de gestión del comedor en cada universidad, es decir, ya sea que lo maneje directamente; prestación del servicio por concesionario; o situaciones en las cuales se traslada. No obstante, se registran situaciones de universidades que de plano rechazaron el envío. Otras alegaron falta de condiciones y mal estado de los equipos de refrigeración. Según el reporte de la OPSU, se asignaron recursos para la reparación, pero estas no se ejecutaron.
En materia de presentación de proyectos socioproductivos para su financiamiento a través de recursos provenientes de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, solamente universidades politécnicas territoriales calificaron, mientras que otras universidades como las autónomas con fincas y tierras disponibles no presentaron ninguno. Solamente algunos profesores a título individual.
El tema de la matrícula estudiantil y la oferta que atiende el sector de las universidades privadas deja abierta la posibilidad para acuerdos mediante el diálogo, habida cuenta de la estructura de costos implícita y la definición de la política que al respecto se instrumente. Tanto Estado como Mercado sea necesario pudiese ser la consigna, en beneficio del sector estudiantil y del país. El Desarrollo Sustentable pasa por la sinergia del Estado, las Empresas y las ONGs.
