A solicitud de los más de 300 copropietarios afectados por el retraso en la entrega de oficinas y apartamentos que están a cargo del Grupo Hispania, la mañana de este martes el Juez del Tribunal Segundo Ordinario y Ejecutor de medidas del municipio Iribarren de la circunscripción judicial del estado Lara, abogado Ernesto Yépez Polanco, realizó una inspección ocular para dejar constancia del estado de las obras.
Son cinco construcciones distintas ubicadas en el Triángulo del Este. La Torre Ibérica, situada en la intersección de la av. Bracamonte con av. Críspulo Benítez, debió ser finalizada en el 2010; junto a ella está el conjunto residencial Plaza Mayor, el cual presenta más de seis años de atraso en la fecha de término; y detrás de la Flor de Venezuela se aprecian los edificios Serrano, Salamanca y Torre DirecTV. Su culminación estaba prevista para 2011, 2012 y 2013 respectivamente. En ninguna se percibió movimiento obrero.
En el sitio hizo presencia un grupo de las personas de la Asociación Civil Quiero Mi Inmueble, quienes con carteles en mano exigían la entrega de sus propiedades y divulgaban el tiempo de retraso en la entrega de las mismas.
Este problema lleva alrededor de dos años. La última reunión con directivos de la constructora, señaló el presidente de la asociación, Joel Uribarri, se produjo hace ocho meses y los compromisos fueron incumplidos.
Afirmó que la muchos cancelaron hasta la última cuota del contrato, entre ellos familias que están viviendo alquiladas porque vendieron sus casas para comprar en estos edificios.
“Nos sentimos estafados”, indicaron algunos de los presentes.
Preparan demanda
Aunque desean resolver el inconveniente por la vía del diálogo, la organización se prepara legalmente a fin de acudir a los órganos competentes e introducir una demanda en contra de inmobiliaria.
“Ya la gente está cansada. Queremos nuestros inmuebles”.
Anunciaron que acudirán dentro de dos semanas a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda de Venezuela.
También buscarán apoyo en el Concejo Municipal, en el Consejo Legislativo y como último recurso, en el Ministerio Público.
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