La lucha por sueldos y salarios justos de gobernaciones y alcaldías, apenas comienza. En Gaceta Oficial número 40-911 de fecha 25 de mayo, el presidente de la república, Nicolás Maduro, aprobó Bs. 40.000.000.000,00, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, para asumir insuficiencias presupuestarias relacionadas a gastos de personal de estados y municipios, generadas por incremento del salario mínimo, sus incidencias y el cestaticket socialista .
A la gobernación de Lara le fueron asignados para dicho fin Bs. 1.842.643.075,00, mientras que a la alcaldía de Iribarren Bs. 157.060.249,00. Sin embargo, en entrevista concedida a EL IMPULSO, Erick Valles, secretario general de gobierno en el estado, informó que se requerían aproximadamente Bs. 9.000.000.000,00 para cancelar a trabajadores el salario mínimo actualizado en mayo. En el caso de la alcaldía, Charlie Virgüéz, director de Recursos Humanos, informó que el déficit es de Bs. 1.000.000.000,00.
Los montos aprobados, por tanto, son insuficientes, ya que sólo representan entre el 20% y el 15% del requerido por las instituciones.
Al respecto, se han pronunciado representantes de la administración pública regional, como Virgüéz, quien acotó que si bien celebran la transferencia de recursos para alcaldías y gobernaciones, los montos no satisfacen las necesidades, ni siquiera, del cestaticket de alimentación decretado en marzo de 2.5 de la Unidad Tributaria (UT).
En este sentido, explicó que el monto sólo será destinado para la nivelación del salario mínimo decretado en mayo. El ajuste, para trabajadores de la alcaldía representa Bs. 136 millones, sin sumar los pagos a entes descentralizados que aglomeran aproximadamente 1.100 trabajadores.
Al sumar los montos de estos últimos, la cifra asciende a Bs. 250 millones, por lo cual deberán tomar de recursos propios para asumir el pago.
El director de la oficina de Recursos Humanos en la alcaldía, recordó que la igualación del bono de alimentación representa Bs. 708 millones, por lo cual el recurso aprobado no les permitiría asumir dicho beneficio. Subrayó, por tanto que responsablemente, sostienen no estar en capacidad de pagar ni siquiera el incrementos del bono de alimentación de marzo.
Subrayó que el decreto de transferencia fue imputado por situado constitucional, con exhortó a dar prioridad al ajuste por pago de salario mínimo. Sin embargo, en la ley la figura del situado no sólo se debe a gastos de personal, sino también de funcionamiento e inversión, por lo cual criticó que la estrategia del Gobierno nacional, sea convertir a alcaldías y gobernaciones en entes pagadores de nómica.
Expresó que este primer desembolso podría deberse a la presión ejercida por alcaldías y gobernaciones en Caracas, labor que debe continuar a objeto de lograr el total del envió de los recursos.
Sindicatos dispuestos a seguir
Representantes sindicales reconocen que el monto aprobado por el Ejecutivo nacional no cubre las necesidades de gobernaciones y alcaldías para los pagos referidos.
Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), comentó que el movimiento sindical en alcaldías y gobernaciones debe insistir en Caracas, por el reconocimiento de dichos recursos. Precisó que es el gobernador Henri Falcón, quien debe encabezar la lucha en el caso de Lara.
Asimismo, manifestó que los sindicatos en Lara esperan que se celebre en las próximas horas una reunión con el gobernador, a fin de tratar esta problemática y solicitar respuesta ante planteamientos realizados con anterioridad, relacionados a pagos de beneficios a trabajadores.
Subrayó que a la dirigencia sindical le preocupa que “el Ejecutivo nacional haya sido irresponsable”, al no tomar en cuenta los montos reales presentados por la gobernación y los mismos sindicatos.
Calificó, por tanto, el tratamiento que ha dado el Gobierno nacional a la problemática como “discriminatorio”, ya que a entes de la administración pública nacional les reconoció montos mayores e inmediatamente después del decreto, a diferencia de gobernaciones y alcaldías, que reciben retardos e insuficiencias.
