Un demócrata siempre puede y debe estar dispuesto al diálogo, pero debe hacerlo de un modo que fortalezca esa opción política y humana para que esté abierta y no se desprestigie, y así pueda rendir sus frutos para la convivencia. Esa es su responsabilidad.
Su Santidad Francisco ha llamado al diálogo en Venezuela. Su solícita preocupación por nuestro país la ha demostrado desde que asumió la Silla de Pedro y recientemente la manifestó su Secretario de Estado el Cardenal Parolin, buen conocedor de nosotros y nuestros aconteceres.
No ha sido la Iglesia, desde el Vaticano y aquí mismo desde la Conferencia Episcopal Venezolana en la autorizada voz de Monseñor Padrón, la única en expresar preocupación por lo que aquí pasa y puede pasar. También el Secretario General de la ONU y el de la OEA, cada uno en sus palabras. Y diversos gobiernos y dirigentes políticos de países de la región y el mundo.
Los ex presidentes Fernández, Torrijos y Zapatero, a quienes nadie puede señalar como enemigos del gobierno, han venido en misión de Unasur, cuyo Secretario General no ha tenido cuidado en mantener su imparcialidad. Pero si han de ayudarnos, bienvenidos. Porque lo importante es que hay muchos venezolanos sufriendo y sufrirán más, de continuar agravándose las condiciones, y de no encontrarse caminos constitucionales para superar una crisis que es la peor vivida, por lo menos, en un siglo.
La base de todo diálogo es la credibilidad de las partes. Hasta ahora vemos que el gobierno se empeña en llevar adelante las mismas políticas económicas que nos han metido en el hueco, mientras persiste en los manejos del poder que causan la polarización extrema y crispada. Desconocimiento de la Asamblea Nacional, lo cual equivale a desconocer el voto popular que la eligió. Intimidación de la ciudadanía mediante amenazas y estrategias de propaganda destinadas a desalentarla en sus esperanzas de cambio democrático y pacífico. Operación morrocoy y trabas inauditas al referéndum revocatorio, cuando es una vía constitucionalmente prevista. Para eso, en abuso y obvia desviación de poder, se ha usado a la Sala Constitucional del TSJ, la mayoría en el CNE y, en el colmo, al vocero de la Fuerza Armada Nacional.
Es muy evidente que el mínimo exigible para que ese diálogo que se nos pide justamente, pueda dar algún resultado, es un compromiso de respeto a la Constitución. Respeto en cuanto a las competencias de la Asamblea, respeto en cuanto a la justificación y condiciones de los Estados de Excepción, respeto en cuanto a la convocatoria del Referéndum Revocatorio. En ese marco es posible una apertura responsable. Que siga su curso el proceso constitucional, limpiamente, sin trucos de mala ley, mientras las partes buscan soluciones en lo económico y social, para lo cual es obvio que se impone una rectificación por parte de quienes tienen diecisiete años tomando las decisiones. Si no ¿Cómo vamos a salir del atolladero?
Sería irresponsable prestarnos para un simulacro dilatorio, en el cual el grupo en el gobierno pretenda ganar tiempo, haciéndole perder tiempo valiosísimo a los venezolanos que sufren escasez, inflación y violencia.
