Sin ninguna orden judicial ni presencia de fiscales del Ministerio Público, 17 mil 100 viviendas fueron allanadas durante la Operación para la Protección y Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2015.
Tras la investigación que realizó en este periodo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), se logró constatar que este plan de seguridad, en lugar de aportar a la seguridad ciudadana, conllevó a innumerables abusos como detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y altas ejecuciones policiales, donde los más afectados pertenecen a sectores populares.
Inti Rodríguez, miembro de la ONG y coordinador del informe anual que aborda el derecho a la vivienda y a la integridad personal, aseguró que al momento de crear este operativo e instaurarlo en el mes de julio, su objetivo principal o al menos el que sus autoridades especificaron, correspondía a combatir las bandas criminales, sin embargo la finalidad se ha distorsionado, puesto que en la actualidad este gran esfuerzo que realiza la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se debe a la liberación de un pueblo que se encuentra bajo el mando de grupos altamente armados que estarían relaciones con paramilitares o dirigentes de la oposición.
Testimonios
Según la testificación de una joven de 22 años, víctima de la OLP en la Gran Caracas, estos funcionarios irrumpieron en horas de la madrugada del 25 de julio del 2015, un sector pequeño aledaño a la carretera Panamericana, en el que no solo habitaban sino que también sembraban algunos alimentos.
Fuertemente armados y con actitud violenta –como si trataran con delincuentes- ordenaron a las familias a desalojar lo antes posible y sin derecho a retirar sus enseres, lo cual era inentendible según cuenta porque jamás los habitantes habían denunciado situaciones irregulares.
No solo violentaron sus viviendas, sino que para justificar la acción, aprehendieron a esta madre de dos niños, recluyéndola por 40 días en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) junto a reos comunes.
Actualmente, estas familias no cuentan con un lugar seguro donde resguardarse y aunque acudieron a la Defensoría del Pueblo exigiendo justicia, no han recibido respuesta.
“Uno de los aspectos más resaltantes es que por primera vez en Venezuela se usó la vivienda no como un derecho sino como un castigo, pues 976 viviendas han sido destruidas de forma ilegal por agentes de la fuerza pública”, subrayó Inti Rodríguez.
Otro de los casos que demuestran los abusos en las OLP, lo relata Efraín Vegas, médico residente de un hospital caraqueño y miembro de la Red de Médicos por la Salud, quien en varias ocasiones ha recibido por parte de los funcionarios durante las OLP, personas con disparos “de gracia”, justo en el tórax o en el cráneo, lo cual quiere decir que, el equipo médico no tiene oportunidad de atenderlos porque ingresan sin signos vitales.
Misión Vivienda
La Gran Misión Vivienda Venezuela también resultó afectada con los allanamientos ilegales o también denominadas por el Gobierno nacional, inspecciones o auditorías, porque fueron despojados de mil 490 viviendas, luego de que el presidente Nicolás Maduro, ordenara quitar la residencia a aquel que la utilizara para acciones ilícitas.
A juicio de la ONG Provea, la insatisfacción ante la gestión de Gobierno, obliga al Ejecutivo a incrementar la respuesta autoritaria, con lo cual se vulnera indudablemente el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Por tal motivo, exhortan a los organismos oficiales a cesar este tipo de ejecuciones por el alto impacto que ha tenido en la sociedad; de igual manera sugieren retiren la Fuerza Armada Nacional (FAN) del control del orden público y finalmente, instan la creación de un programa con el objetivo de brindar atención a las víctimas de torturas físicas o psicológicas.
