Venezuela acusó el jueves al secretario general de la OEA Luis Almagro de incurrir en la ilegalidad por el informe que elabora actualmente sobre la situación actual en la nación sudamericana sin que ninguna instancia del organismo multilateral se lo haya encargado.
«Ese informe no está autorizado por nadie. No es un informe formal. Los informes en la OEA, según sus reglamentos, son resultado de instrucciones giradas por el Consejo Permanente», dijo Bernardo Álvarez, embajador venezolano ante el organismo, refiriéndose a la instancia en la que están representados los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
«Invocar la Carta (Democrática Interamericana) no es una decisión que se le puede ocurrir a él. Tiene que tener un proceso. El no tiene autoridad para hacer eso. El está haciendo un reporte que nadie le pidió», agregó durante una conferencia que dictó en el Diálogo Interamericano.
El embajador rehusó adelantar si planea convocar un voto de Consejo Permanente sobre la legalidad del informe.
Un portavoz de Almagro dijo a The Associated Press que no emitirá comentarios sobre la legalidad del reporte.
El abogado boliviano Jaime Aparicio, quien presidió el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, señaló que la elaboración del informe se ajusta a las normas y tradición de la organización.
«Que Insulza no lo haya hecho no quiere decir que sea ilegal», dijo a AP refiriéndose al chileno José Miguel Insulza, predecesor de Almagro desde 2005 al 2015. «Ese es su rol. No tendría sentido que el secretario general no pueda realizar ciertas actividades informativas. Este informe es algo informativo para señalar problemas, no es un informe ejecutivo», acotó.
El secretario general comenzó a elaborar el documento después de que congresistas opositores venezolanos le pidieran el mes pasado que convoque un Consejo Permanente del órgano hemisférico para analizar si la nación sudamericana ha sufrido una alteración del orden constitucional.
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana autoriza a cualquier estado miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en caso de que «en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 estados miembros.
Caracas alega que únicamente el gobierno del país en cuestión puede autorizar un debate, a menos que un golpe de estado cause la ausencia de un gobierno legítimamente electo.
Alvarez expresó su convicción de que «los estados no pueden estar en contra de lo que ellos mismos aprobaron: el principio de la no intervención».
Alvarez explicó que su gobierno se opone a la iniciativa porque «no puedes ir a un diálogo cuando estás contra la pared».
Las tensiones políticas aumentan en la nación sudamericana mientras los venezolanos siguen agobiados por una galopante inflación, que se estima podría llegar este año a 720%, graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y productos básicos y una recesión económica que tiende a complicarse por la caída del precio del petróleo, que representa 96% de los ingresos que recibe el país por exportaciones.
