La poca inversión que ha hecho el Estado en los últimos años constituye una de las primeras causas para confirmar que en Venezuela existe un colapso en el sector salud.
De esta manera lo considera el Programa Venezolano de Educación en Acción de los Derechos Humanos (Provea), que en la presentación de su informe anual correspondiente a 2015 aseguró que la gestión del presidente Nicolás Maduro ha producido los peores impactos, superando de esta forma, “la política neoliberal” de la década de los ’90.
Según la información recabada por la ONG, se generaron 3.719 denuncias sobre las deficiencias en el sector, de las cuales 1.933 estuvieron relacionadas con el desabastecimiento de medicinas y el resto, con la escasez de equipamiento, déficit de personal, mal estado de infraestructuras y paralización de servicios en los centros asistenciales, incluyendo a la Misión Barrio Adentro.
Inti Rodríguez, coordinador de este informe, señaló que hasta el año 2012, el Gobierno nacional destinaba el 4.7% del Producto Interno Bruto, mientras que Costa Rica dedicó a la salud el 10% de su PIB y Brasil, el 9.5%.
Disparidades
En la Memoria y Cuenta del año 2015, el Ministerio de Salud reportó un gasto de 148 millones 664 mil bolívares, de los cuales 35 millones 670 mil fueron enviados a 16 estados del país; no obstante la Red de Médicos por la Salud, que colabora con Provea, se dio a la tarea de realizar una encuesta en al menos 130 hospitales de 19 estados, donde se conoció que 61% presentaban fallas absolutas en cuanto al material médicoquirúrgico; 67% no contaba con los equipos adecuados y el 44% de los quirófanos se encontraban cerrados.
“Además el 65% no tenía catéteres ni sondas; el 93% de estos centros públicos no contaban con los reactivos en sus laboratorios y los equipos de Rayos X registraron deterioro en un 86%”.
Sin líneas de créditos
Por si fuera poco, se suman dos elementos a la crisis que enfrenta Venezuela en materia de salud: en primer lugar la alta dependencia que se tiene respecto a la importación de insumos, medicamentos e instrumentos y en segundo término, el control que ejerce el Estado en la administración de las divisas, dominio que se ha ido incrementando desde el 2010, lo cual trajo como consecuencia al cierre del 2015, una deuda de 4.5 mil millones de dólares con los proveedores y las líneas de créditos cerradas, sin distinción de recintos privados o públicos.
“El estado siguió tomando medidas como la reducción de divisas para las importaciones de medicinas; se paga deuda externa, se compran armas y aviones pero se reduce el dinero para la compra de medicinas lo cual pone en riesgo la vida de miles de personas afectadas”, apuntó.
Por otra parte, Rodríguez destacó que de los 12.830 médicos que abandonaron la salud pública en los últimos tiempos, en su mayoría han emigrado del país y son cirujanos especializados.
Ante esta serie de aristas que dan como resultado un panorama complicado y cientos de vidas afectadas, Provea considera necesario que el Estado, como primera medida, destine mayor recurso del PIB a la garantía de un derecho consagrado en el artículo 83 de la Constitución de la República, donde se dispone que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida.
Promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida y el acceso a los servicios”.
Finalmente sugiere la realización de una evaluación exhaustiva sobre el estado en el que se encuentran los hospitales y ambulatorios; así como también, que se permita la ayuda de sectores nacionales y organizaciones como las Naciones Unidas, con lo cual se recuperaría en gran magnitud las capacidades del sistema de salud pública, deterioradas gracias a la ausencia de normativas.
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