Las muertes por la acción de los cuerpos de seguridad en Venezuela se duplicaron en 2015 respecto del año anterior y alcanzaron 460 víctimas, la cifra más alta en más de dos décadas.
Así lo reveló el informe que difundió el martes el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país.
Según el documento 215 personas murieron por la acción de los cuerpos de seguridad, cifra que se suma a la aportada por la Fiscalía General de 245 muertes ocurridas entre julio y diciembre en el marco del programa de seguridad denominado «Operación de Liberación y Protección del Pueblo».
El estudio mostró un aumento de 109% de estas muertes en comparación con 2014, cuando se reportaron 220 víctimas de violaciones al derecho a la vida por la acción de los cuerpos de seguridad.
Sobre el patrón de los asesinatos, el informe indicó que 88,9% correspondieron a ejecuciones cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad. Entre los organismos señalados como presuntos responsables de las muertes figura en primer lugar el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, seguido de la fuerza armada y la policía nacional.
«Se afianza el proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana en Venezuela, reivindicando la política de mano dura y la definición del presunto delincuente como enemigo a aniquilar», indicó Provea.
La organización destacó también un incremento en los allanamientos, que en 2015 alcanzaron los 17.215 superando ampliamente el registro de 2014 que había sido de 51.
Provea asoció el aumento de los allanamientos al programa «Operación de Liberación y Protección del Pueblo» que activó el gobierno del presidente Nicolás Maduro en julio para hacer frente a la desbordada delincuencia y que implicó el envío a sectores pobres, donde operan las bandas criminales, de miles de policías y militares que tomaron esas zonas por cortos período de tiempo.
Este mes el gobierno activó una nueva fase del programa que implicó el envío de 3.000 policías y militares a algunas zonas del oeste de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda y Vargas.
Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios que según registros de la Fiscalía General cerró 2015 en 58 por cada 100.000 habitantes pero que de acuerdo con cálculos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia alcanzó una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes.
Al evaluar otros indicadores de derechos humanos, Provea reconoció que en 2015 hubo una «profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos que se manifiesta en la escasez extrema de alimentos y medicinas, así como en la inflación».
The Associated Press solicitó al Ministerio de Comunicación una reacción sobre el informe de Provea, pero no hubo comentarios de momento.
Venezuela está sumida en una compleja crisis, con una inflación que se estima podría alcanzar este año 720%, graves problemas de desabastecimiento y una severa recesión.
Maduro atribuye la crisis a una «guerra económica» de los empresarios y opositores para desestabilizar el gobierno y a la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos por exportaciones del país.
