El pasado mes de enero el ciudadano Presidente de la República presentó a la Asamblea Nacional el primer decreto de emergencia económica que todos conocemos.
A pesar de que la Asamblea no lo aprobó, el Ejecutivo nacional no solo ignoró la improbacion del ente legislativo, sino que lo prorrogó por sesenta días más, amparándose en una decisión, cuestionada por demás, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia .
El viernes 13 de mayo, el Ejecutivo publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 un nuevo decreto que a diferencia del anterior declara no solo la Emergencia Económica sino además introduce un nuevo elemento, como lo es el Estado de Excepción.
Esta figura está consagrada en el artículo 337 de nuestra Constitución, cuando existan “…circunstancias de orden social, económico, político, natural, o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la Nación…” En tal caso podrían ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución…” (aunque no todas).
El Decreto antes señalado igualmente prevé el Estado de Emergencia Económica, previsto en el artículo 338 “…cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación….” En este artículo nos referiremos fundamentalmente a la Emergencia Económica. Los Estados de Excepción deben ser analizados por abogados.
Si nosotros hiciéramos en este momento una evaluación retrospectiva del primer decreto de Emergencia Económica que se ha aplicado desde enero de este año y prorrogado hasta los primeros días del mes de mayo, pudiéramos afirmar que los objetivos que entonces se señalaron: enfrentar la “guerra económica”, asegurarle a la población el acceso oportuno a bienes y servicios, abatir la inflación, la especulación, la escasez, el desabastecimiento y la disminución del poder adquisitivo de la moneda, entre muchos otros, no fueron logrados (como señaló el comandante el 4 de febrero).
Muy por lo contrario, la situación económica en general se ha agravado y si antes enfrentábamos una crisis económica, no sería temerario señalar, con el debido respeto, que nos podríamos acercar a un posible colapso económico, si el Gobierno nacional no toma las medidas de política económica necesarias para enfrentar esta precaria situación. Lamentablemente, las estadísticas económicas hablan por sí solas: En primer lugar el Gobierno nacional no pudo en estos cuatro meses de emergencia económica ni siquiera disminuir el flagelo de la inflación, un objetivo claramente estratégico para controlar cualquier desequilibrio económico. Algunos economistas (Ochoa, Olivares Guerra, León y otros) han calculado que la tasa promedio mensual de inflación durante el primer cuatrimestre estuvo cercana al 20% y la tasa anualizada de mayo 2015 a abril 2016 la calcularon aproximadamente en 350%. Según las cifras conservadoras del Banco Central de Venezuela, el país culminó el año 2015 con una inflación inducida según el gobierno del 76%, aun así la más elevada del mundo. Y según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, se espera que este año 2016 la tasa de inflación cierre a un elevadísimo nivel del 750%, lo cual de ser cierto nos llevaría a una hiperinflación como nunca antes se había visto en la historia de nuestro país.
En segundo lugar, el Gobierno nacional ha establecido un estricto control de precios y exacerbado las sanciones y multas a las empresas que transgreden estas leyes. No obstante, según la medición del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas–FVM), en el mes de enero la canasta básica llegó a Bs.157.833 y al 31 de marzo (última data disponible) había ascendido a Bs. 203.944, experimentando un crecimiento del 29% o un aumento de Bs. 46.111 (El Nacional 16 de mayo de 2016, pag 4)
En tercer lugar, el decreto de Emergencia Económica aprobado solo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señalaba como otro de sus objetivos garantizarle a la población los accesos oportunos a bienes y servicios fundamentales. Quizás el argumento de mayor peso para demostrar el incumplimiento de este objetivo sea el hecho palmariamente evidente de la existencia de larguísimas colas de personas que se arremolinan en las afueras de supermercados, abastos y farmacias, soportando todo tipo de inclemencias, a fin de adquirir alimentos y medicina para su grupo familiar. La empresa Ecoanalítica ha señalado que en marzo de 2015 el índice de escasez era de 25%, mientras que en el mismo mes de este año es de 35%. A pesar de estas cifras conservadoras, el venezolano de a pie, que conforma el 80% de la población, sabe y lo vive que la escasez de bienes regulados y medicina está a niveles iguales a su grupo etario.
En cuarto lugar, otro de los objetivos era el de acabar con la especulación que existe tanto en el mercado formal como en el informal. Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, este objetivo tampoco se logró. Se ha creado en los últimos meses, producto de la escasez y el desabastecimiento imperante, un mercado negro que han denominado “bachaqueros”, conformados por venezolanos sin escrúpulos, que mercantilizan (en el peor sentido de la palabra) las auténticas carencias de la población, que por muchísimas razones no puede adquirir los productos regulados en esa humillación llamada cola. Pues bien, según el Cendas, antes citado, mientras en enero la diferencia entre los precios de los productos regulados y los del mercado negro o “bachaqueros” era de 1.405%, que ya es demasiado, en marzo fue de 1.892%, es decir, casi 2.000% más que los precios regulados por el Gobierno nacional. Por cierto, el nuevo decreto contempla en uno de sus considerandos la existencia de este “fenómeno distorsivo” que obstaculiza el acceso de la población a los bienes y servicios.
En conclusión y a falta de espacio, solo con estas consideraciones antes expuestas pudiéramos inferir que el decreto de Emergencia Económica no pudo alcanzar los objetivos que se propuso y por lo contrario, los agravó.
El nuevo decreto, que analizaremos en una posterior entrega, tampoco los resolverá, habida cuenta de que no se atacan las verdaderas causas del problema, que no es otro que la instrumentación de un modelo económico desfasado, que no ha tenido éxito donde se ha aplicado y, definitivamente, no responde a los verdaderos intereses de nuestra maltratada Nación.
