En tres días, la Fiscalía del Ministerio Público debe responder a la acusación presentada por el director general de la Alcaldía de Iribarren, Diego Mendoza, contra los concejales del Psuv que alentaron a los comerciantes informales a ocupar nuevamente los espacios públicos de la calle 42, promoviendo la anarquía y el desacato a la ordenanza municipal.
Acompañado del síndico procurador municipal, Jesús Pérez, Mendoza acudió este viernes ante esa instancia de justicia con evidencias de que el grupo de ediles generó violencia y desorden público.
Orden en la ciudad
La avenida Rómulo Gallegos o calle 42 fue despejada del comercio informal el pasado miércoles, con el operativo “Ciudad ordenada” para rehabilitar ese espacio público y devolvérselo a los ciudadanos, quienes se veían imposibilitados de caminar o transitar en vehículos pues las aceras y canales de circulación estaban ocupados con tarantines.
Se hizo entonces la limpieza, demarcación, retiro de estructuras ilegales y sustitución de luminarias. Además, ofreció a los vendedores la reubicación de sus locales a otros espacios comerciales donde puedan ejercer libremente sus labores, sin causar molestias al ciudadano.
Mendoza manifestó que se hizo cumplir el artículo 3 de la Ordenanza para la regulación y control de los bienes de uso y dominio público para el desarrollo socio económico del municipio Iribarren, donde se establece la prohibición de ejercer el comercio informal o ambulante en los espacios públicos del municipio, incluyendo aceras, pórticos, áreas de servicio, canales, arterias viales, avenidas, carreras, calles transversales, estacionamiento, cruces, demarcaciones de pavimento, pasos peatonales, plazas y demás áreas comunes.
Reiteró que las puertas estarán abiertas para establecer mesas de diálogo con los buhoneros que sí quieran ser reubicados y estén dispuestos a crecer en un negocio libre de anarquía y delincuencia, respetando los espacios públicos.
