Representantes de la alcaldía de Iribarren y concejales del municipio, de la tolda oficialista, exponen versiones enfrentadas sobre el desalojo de comerciantes informales de la carrera 42 con avenida Rómulo Gallegos. Mientras los primeros refieren que se trata de un proyecto que dignifica a los trabajadores, los segundos manifiestan que han sido violentados los derechos de estos ciudadanos.
Libre tránsito en la vía pública
Diego Mendoza, director general de la alcaldía, indicó que la propuesta de reubicación es en el perímetro de la zona y permite a los barquisimetanos recuperar sus espacios públicos.
Sobre los señalamientos de que esta medida afectaría el derecho al trabajo de estos comerciantes, acotó que la alcaldía les tiene una oferta de dignificación de sus labores y reubicación hacia “la plazoleta de la 42”, a donde se debieron iniciar las demarcaciones y distribución de los espacios ayer.
El planteamiento incluye microcréditos y formación en emprendimiento, porque “todos tenemos derecho al pan y al trabajo”.
Manifestó que los concejales Esther Camacho, José Luis Ramos, Jesús Superlano y Francisco Carmona, con su intervención han obstaculizado el proceso de conversación y acuerdo con los comerciante que allí hacen vida.
Mendoza subrayó que transportistas, usuarios y comerciantes formales están de acuerdo con el plan. Comerciantes informales también habrían informado disposición a ser reubicados, pero temen por presiones políticas.
Asimismo, acotó que la operación de desalojo fue “limpia y sin agresiones”, además de “ordenada”, lo que permitió recuperar la arteria vial, luego de ser conocida como “zona roja”, caracterizada por al delincuencia, la prostitución, el bachaqueo, microtráfico drogas y otras actividades ilícitas.
Por su parte, Jesus Pérez, sindico procurador municipal, manifestó que los concejales oficialistas han incurrido en desacato a la ley, las ordenanzas municipales, y que además han instigado a delinquir o infringir la ley.
Ambas figuras establecen sanciones de tipo penal, según explicó, por lo cual acudirán a la Fiscalía del Ministerio Público, para introducir una denuncia en su contra.
Subrayan que los concejales no gozan de inmunidad y que no claudicarán en el proyecto de ciudad.
Derecho al trabajo
El concejal José Luis Ramos, presidente del concejo municipal de Iribarren, junto con las concejales Martha Leal, Teresa Linarez y Gregoria Esther Camacho, señalaron que acudieron a la referida arteria vial por petición de los mismos trabajadores de la economía informal y en rechazo al “desalojo arbitrario” ordenado por el alcade Alfredo Ramos, en el cual pertenencias, como tarantines de trabajo fueron objeto de agresiones.
-Entendemos que hay un problema económico y no es la solución dejar a más de 700 padres y madres de familia sin trabajo.
Lamentó que el alcalde no presente un plan de trabajo “serio” a los representantes de la economía informal y que la propuesta de la plazoleta no sea apta para reubicarlos. Acotó que algunos comerciantes tienen más de 20 años en la zona y que se les deben dar garantías de trabajo.
-Estamos de acuerdo con reorganizar la ciudad, pero vamos a garantizar primero los puestos de trabajo de estas personas… El dice que nos llevará presos e iremos, pero junto al pueblo, porque sólo acompañamos la lucha del poder popular, como contralores de las políticas públicas.
El concejal apuntó que se mantendrán en respaldo y apoyo de los trabajadores informales hasta obtener una solución definitiva y que también acudirán a las entidades competentes en la materia para denunciar la problemática.
Responsabilizó a Ramos y a sus directores. Asimismo, subrayó que se trata de “un plan macabro del alcalde” y de manipulación política.
