A través de un comunicado público, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, rechazaron la ruptura del orden constitucional a través del decreto 2.323 emitido por la presidencia de la República, que activa un estado de excepción y emergencia económica.
«Este decreto establece una ruptura del orden constitucional que coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana, en un contexto de grave afectación de los derechos sociales dado un contexto de mucha escasez de medicinas y alimentos; además de graves problemas con el suministro regular de agua potable y electricidad», advierten.
Explican que el decreto pretende legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos.
Sostienen además que el referido decreto usurpa atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, «y la califica como peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad. En su contenido posibilita discrecionalmente al Ejecutivo a obtener financiamiento público sin contar con las facultades de control del Poder Legislativo».
Además indican que el gobierno pretende dar legalidad a una doctrina que considera la «seguridad nacional» un valor superior a los derechos de las personas.
«Al mismo tiempo califica de hecho a toda persona o grupo que se oponga al gobierno nacional como enemigo interno», critican.
Expresan que suspenden indeterminadamente garantías constitucionales a derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica.
«El decreto expresamente permitiría la suspensión del derecho a la reunión pacífica con solo calificarlo como acciones desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y soberanía nacional. El decreto abre la posibilidad de dictar otras medidas de orden social, político, económico y jurídico bajo el argumento de estado de excepción, lo que se puede traducir en la restricción ilegítima de otros derechos», sentencia el Foro por la Vida.
Según los defensores de derechos humanos el decreto promueve además la promoción de mecanismos ilegales para el control del orden público, mediante la atribución de funciones de vigilancia y control para garantizar “la seguridad y soberanía del país” a grupos de filiación político-partidista (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-CLAP).
«De acuerdo al decreto, estos grupos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, servirían para enfrentar presuntas acciones desestabilizadoras”, alertan.
Precisan que el decreto además desconoce pactos y tratados internacionales, otorga facultades discrecionales y arbitrarias al Presidente de la República, prohíbe la cooperación internacional, lo que sin duda perjudica el normal desenvolvimiento de la sociedad venezolana.
Finalmente, critican la «militarización de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos», así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país.
