Representantes de Funpaz presentaron este lunes un balance sobre los índices de conflictividad social y muertes violentas en el estado Lara.
Daniel Graterol, miembro de Funpaz, destacó que desde la institución se desarrolló este programa de monitoreo y documentación de la crisis social en la región, con énfasis en las protestas.
Este Observatorio de Conflictividad Social Larense registra desde enero hasta la fecha diferente estadísticas a partir de las noticias que publican los medios de comunicación y entes oficiales.
En abril se han registrado 6 protestas en el ámbito carcelario, 11 en el sector salud, 25 en el sector alimentación, 16 protestas de tipo laboral/público, 4 de tipo laboral/privado, 3 por inseguridad, 2 por justicia, 12 en el sector educativo, 10 por agua, 1 de carácter ecológico, 1 protagonizada por el transporte público, 7 por racionamiento eléctrico, 1 por vivienda y 3 por servicio de gas doméstico. Todo esto suma 102 protestas, sólo en el mes de abril.
Graterol destacó que en el primer semestre de 2016 se suscitaron solo 30 protestas por alimentación, era la segunda causa de protesta por debajo de servicios básicos, ahora, pasó a ocupar el primer peldaño en los registros de conflictividad social.
Añadió que la segunda causa de protesta ciudadana en el mes de abril fue la deficiencia en la prestación de los servicio públicos, como agua, luz, gas, transporte y electricidad. De las 21 manifestaciones contabilizadas, 10 fueron por agua potable y cloacas.
La situación laboral, tanto pública como privada se ubicó en la tercera causa de conflicto en la entidad, consecuencia de las deudas en los beneficios laborales, retrasos en los pagos y dilación de contratos colectivos. Este ítem desplazó a la protesta carcelaria que ocupó el tercer puesto durante los tres primeros meses del año.
“Si evaluamos desde enero hasta abril concluimos que se ha incrementado el número diario de protestas. En enero el registro es de 1,80 de protestas al día; febrero con 2,03; marzo con 2,7 y abril con 3,4. En Barquisimeto, la primera causa de protesta es la escasez de alimentos”.
Derechos básicos sin garantía
Oriana Mendoza, asesora legal de Funpaz, analiza que los registros del observatorio dan cuenta de una falla en las políticas gubernamentales implementadas por el Estado.
Indicó que el artículo 326 de la Constitución Nacional establece que “la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional”.
“Todo debe ser garantizado por el Estado. Hay una corresponsabilidad entre el ciudadano y el Estado. Actualmente hay una unilateralidad en cuanto al desempeño de esa corresponsabilidad”.
Mencionó que las protestas en del primer cuatrimestre del año y su evidente acrecencia día a día es señal de que al venezolano no se le está dando respuesta en torno a sus necesidades básicas y mínimas.
“La corresponsabilidad solo la está ejerciendo el ciudadano venezolano amparado en su derecho constitucional de ejercer una protesta pacífica”.
La abogada añadió que desde el punto laboral la gente perdió el miedo. El venezolano está en una condición de subsistencia.
Hay un válido reclamo por parte de los ciudadanos porque el Estado no está garantizando sus necesidades mínimas. Este padecimiento es de todos, del sector público y privado.
“Además el aumento salarial decretado hace poco es irrisorio en base a la situación del venezolano como la escasez y la inflación, en un país donde hay mafias y usura. Un venezolano promedio no tiene un salario vital ni digno para subsistir. Ahí es donde se produce la protesta”.
Muertes violentas
Andrés Colmenárez, vicepresidente de Funpaz, indicó que los datos a escala nacional son alarmantes. El estado Lara no escapa a esa realidad nacional.
En el mes de enero se registraron 67, dos personas asesinadas de manera violenta por día. En febrero aumentó a 69; en marzo se elevó a 81 fallecidos y en abril cerró en 91 personas asesinadas en un ámbito de conflictividad, lo que da un promedio de tres personas por día. Los operativos de seguridad desarrollados por los cuerpos de seguridad están siendo ineficientes. Preocupa la segunda etapa de la OLP ya que en una primera etapa se violaron diferentes principios. La aplicación de justicia ha sido ineficaz.
