Este lunes, luego de la publicación en Gaceta del Estado de Excepción ordenado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro el pasado viernes, se conocieron las prácticas o funciones que puede ejercer Miraflores al decretar este mecanismo establecido en el artículo 337 de la Constitución de Venezuela de 1999.
Entre otras cosas el Gobierno puede:
1) Dar apoyo del sector público al sector privado en la producción, comercialización y distribución de bienes e insumos para satisfacer las necesidades de la población y combatir el «bachaqueo», el acaparamiento, la alteración de precios, el contrabando, entre otros ilícitos económicos.
2) Diseñar e implementar mecanismos «excepcionales» para el suministro de insumos, maquinaria, semillas, créditos y todo lo relacionado para el desarrollo agrícola y ganadero nacional.
3) Intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y los órganos de seguridad ciudadana para garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad.
4) Autorizar el desembolso de recursos con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto para optimizar la atención de la situación excepcional.
5) Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado y la asignación directa de divisas para su adquisición.
6) Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la reactivación de la economía.
7) La autorización a los ministros para dictar medidas que garanticen la venta de productos regulados según cronogramas de oportunidad que respondan a las necesidades de la zona.
8) Implementar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de los fenómenos climáticos, tales como el ajuste de la jornada laboral, tanto en el sector público como en el privado.
9) Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales.
10) Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores la auditoría e inspección de convenios firmados por personas naturales o jurídicas con entidades u organismos extranjeros, y ordenar la suspensión cuando se presuma su utilización con fines políticos o desestabilizadores.
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