La crisis venezolana entró en una nueva etapa de tensiones, con un país bajo estado de excepción y los opositores resueltos a seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En medio del descontento popular por la creciente escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua, y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días.
El viernes extendió un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción por tres meses. No descartó incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017.
Aún no se publica el texto de la medida, que suele restringir el derecho de protesta y de reunión, y autorizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
Por lo pronto, Maduro ordenó tomar las fábricas paradas poniendo en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar -principal productor de alimentos y bebidas del país-, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.
«Este gobierno actúa de forma autoritaria para mantenerse en el poder», dijo este lunes el diputado opositor Tomás Guanipa, en rueda de prensa.
El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una «crisis humanitaria».
Ante esa «amenaza externa», ordenó realizar ejercicios militares el próximo sábado.
El presidente también fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la «guerra económica», que según él ejecutan la oposición y empresarios de derecha para inducir la escasez y lanzar al pueblo en su contra.
En ese marco, desplegó un plan para el abastecimiento de productos básicos subsidiados sin intermediarios, y se comprometió a flexibilizar el control de precios a cambio de que algunas industrias eleven la producción.
Estado de excepción a prueba
Pero las señales de radicalización van más allá del mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro.
El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el heredero político del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) sea revocado mediante un referendo.
«Aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude», dijo Istúriz aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.
Guanipa consideró que esa advertencia es una «burla» al pueblo, que no detendrá la presión por la consulta.
El estado de excepción se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país para exigir que se cumplan los plazos para que el revocatorio se haga este año.
«La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detenerla», dijo a la AFP el analista Benigno Alarcón.
Movilizaciones similares fueron bloqueadas el pasado miércoles por policías y militares, desatándose pequeñas escaramuzas.
El líder opositor Henrique Capriles advirtió sobre el riesgo de que el gobierno y el CNE -al que acusa de servir a Maduro- «tranquen» la consulta.
«Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio», dijo, subrayando que esa es la salida pacífica a la crisis.
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere que la consulta se realice este año. Si se la hace después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del período presidencial, y Maduro pierde, el vicepresidente gobernaría los dos restantes.
¿Más leña al fuego?
El experimentado titular del Parlamento, Henry Ramos Allup, denunció que Maduro y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunieron el martes pasado y acordaron posponer el referendo para febrero de 2017.
Según la firma Datanálisis, siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que «su vida ha empeorado».
Aun cuando la oposición asegura que el estado de excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la MUD acusa de ser otro apéndice del Ejecutivo.
Desde hace varios días, Ramos Allup viene advirtiendo que el TSJ se dispone a destituir a la directiva del Legislativo por desacato a una modificación del reglamento interno y de debate de la cámara, lo que añadiría más leña al fuego.
Mediante una controvertida sentencia, el TSJ ya eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora.
