El empobrecimiento creciente de la población a causa del aceleramiento de la inflación, el desabastecimiento extendido de alimentos, medicamentos y otros bienes, el deterioro de los servicios públicos y la caída sostenida de la actividad productiva, son temas que preocupan a los expertos y académicos venezolanos. Por esta razón, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), emitió hace unos días una Carta Abierta a la Nación, en la cual se exhorta a tomar las medidas adecuadas para solventar la crisis económica.
En esta misiva que además cuenta con el respaldo de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presididas por los Académicos Gioconda-San Blas y Eugenio Hernández-Bretón, respectivamente, se reconoce que la posibilidad de reactivar la economía venezolana depende del restablecimiento de la confianza de parte de empresarios, trabajadores, consumidores e inversionistas y que el clima de confianza requerido para aprovechar las potencialidades del desarrollo nacional necesita de la observación absoluta del Estado de Derecho que establece la Constitución.
Como medidas, la ANCE expone que debe abatirse cuanto antes el alza desmedida de los precios, ya que ¨no hay forma de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores decretando recurrentes alzas salariales y se alimenta una senda hiperinflacionaria que terminará de arruinar al país¨. Para la organización, la inflación se derrota reduciendo radicalmente el déficit público y desprendiéndose de empresas ineficientes que constituyen un lamentable desaguadero.
La Academia considera necesario unificar el tipo de cambio y lograr su estabilización en torno a valores que equilibren el poder de compra interno y externo del bolívar, en un régimen de libre concurrencia. En cuanto a la sequía de divisas y sus alternativas, los académicos proponen iniciar negociaciones cuanto antes con organismos financieros internacionales para concertar un importante financiamiento externo que permita cubrir, junto con los ingresos por exportación, los compromisos externos de la nación.
Se considera imperioso liberar la iniciativa empresarial para que pueda responder a las oportunidades que ofrecerán las medidas, ¨levantando los excesivos controles que actualmente asfixian las actividades económicas de la nación¨. Se solicita la derogación de la Ley Orgánica de Precios Justos y de otras normas punitivas y la promoción de la competencia, en un escenario de precios estables y de garantías jurídicas. Esto permitirá proveer los bienes y servicios hoy desabastecidos, abaratar costos, sustituir importaciones para ahorrar divisas y generar empleos productivos.
Finalmente se apunta a que debe entenderse que la economía funciona a base de incentivos a lo que ¨los responsables de la política económica no deben continuar invocando supuestas guerras para endilgarle la culpa a otros de las carencias que hoy agobian a millones de venezolanos. Es necesario salir al encuentro de soluciones que permitan superar las penurias que angustian hoy a la población, y rescatar las perspectivas de creciente prosperidad y bienestar futuro. En procura de que ello pueda fructificar, es vital que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia cesen su enfrentamiento con la Asamblea Nacional en aras de una mayor cooperación entre los poderes públicos, y de éstos con la economía privada y con la sociedad civil¨.
