«Nicolás Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta 2017», dijo a la AFP la analista y experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.
Añadió que Maduro podría optar por el «estado de conmoción interna y externa», una de las formas más radicales del estado de excepción, lo que limitaría el derecho de protesta y reunión y autorizaría detenciones preventivas y allanamientos sin orden judicial.
Control de la protesta
Para el sociólogo Héctor Briceño, la medida apunta al «control de la protesta», pues por primera vez en la era chavista podrían coincidir el malestar social y político.
«El momento donde se da esa articulación será el día que digan que no se puede hacer el referendo este año», declaró a la AFP.
Al dictar el decreto, Maduró fustigó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien afirmó en Miami, durante un encuentro el viernes con opositores, que no realizar la consulta este año constituiría el «peor acto de corrupción política».
El pasado 2 de mayo, la MUD entregó al CNE 1,8 millones de firmas para pedir la activación del revocatorio, una cantidad nueve veces mayor al número de rúbricas exigido.
La auditoría de esas firmas concluirá el 2 de junio y si ajusta a la norma, el CNE -al que la MUD acusa de servir al gobierno- convocará a unos 200.000 interesados a validar su rúbrica con la huella dactilar. Luego, la MUD debería recaudar cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
La oposición espera realizar la consulta a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo sostiene que los plazos legales no lo permitirán.
Este aspecto es crucial, pues si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.
