Un dicho popular que se escuchó en muchos hogares donde se impartían valores en nuestro país y que aún muchas personas recordarán sobre todo de sus padres y abuelos, rezaba que “por comida nunca se debe pelear”.
En efecto, como producto de toda esta palabrería, fruto de la sabiduría que muchos heredamos de nuestros padres, jamás pensamos en poder echarla por tierra un día.
Ese día tristemente ha llegado, pero lo más dramático es que las agresiones y violaciones, incluso del derecho a la vida, para obtener alimentos en cualquier establecimiento no parecen tener fin, al contrario, hay una clara convulsión social, un malestar que busca vías de escape.
Muchos no se hubiesen atrevido a imaginar el contexto en el cual se enmarca ir en este tiempo a realizar el mercado de la semana y resolver la más básica de las necesidades como es la alimentación.
Los integrantes del Consejo Comunal Los Moyetones sector 3, salieron a protestar el pasado miércoles y de manera contundente cerraron la avenida Circunvalación Norte a la altura del distribuidor, pues la comunidad se quedó sin tener acceso a la compra de productos.
Como se sabe, actualmente las personas encargadas de organizar la distribución de productos de las redes estatales son los integrantes de las Unidades Bolívar Chávez y según denunció una afectada del mencionado populoso sector quien no se quiso identificar, fallaron en su trabajo por dejar fuera al menos a 600 familias cuya vacío en las neveras y cocinas dan cuenta de su pésima realidad.
Esta misma persona comenta que gracias a los Comités de Alimentación del consejo comunal (previo censo de los voceros) es posible la entrega de alimentos, pero aún así “quedaron por fuera del punto y círculo y como si fuera una tontería dejaron una enorme cantidad de personas sin comida discriminando a los habitantes del sector por su tendencia política”.
Con un rostro decaído, esta persona indicó que en este momento “no tienen donde comprar y lo más cercano es la feria de hortalizas como la cooperativa Cecosesola, donde ahora incluso asesinaron una mujer porque es demasiado el conglomerado de personas los fines de semana y lo contrario es dejar el dinero que honestamente se gana una persona completo en manos de los bachaqueros”.
“El panorama ahora son niños que se desmayan constantemente en la escuela, y personas con cuadro de desnutrición considerando se violentan los derechos constitucionales y nadie hace nada”.
En el marco de este y muchos otros planteamientos que surgen a la luz de la crisis económica del país, organizaciones no gubernamentales intentan marcar precedente en cuanto a la mediación para quienes deseen ejercer el derecho y deber de denunciar cualquier delito que vulnere los derechos humanos, de eso se encarga el Movimiento Vinotinto.
El director de esta ong, doctor Manuel Virguez, contabilizó en lo que va de año en Lara aproximadamente 53 detenciones sobre hechos de agresiones en el contexto socioeconómico de colas por el desabastecimiento. Muchos casos al querer reprimir la toma de fotografías, asimismo por quejas o alteración del orden público.
Lo más repudiable es que dos personas hayan sido asesinadas en el marco de esta situación que se vive en el país.
Recientemente 22 personas fueron detenidas el pasado fin de semana en una situación irregular desatada en El Tocuyo, cuando vendían harina pan a más de 6 mil personas en el establecimiento conocido como Carlos Bravo. Un grupo de personas denunciaron haber sido golpeadas durante este proceso. Este poblado ameritó una militarización y el miedo se expandió hasta el punto de cierre de los comercios ante una amenaza de saqueo.
Hace poco 3 personas se llevaron detenidas en Duaca ante una situación de protesta por razones similares.
Saqueos como consecuencias
El coordinador del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, Marco Ponce, señaló a la AFP que la organización no gubernamental contabilizó 107 saqueos y conatos de saqueos en el primer trimestre de este año.
Un fuerte saqueo se desató en días pasados en la ciudad de Maracay cuando una multitud ingresó en el mercado mayorista, tras esperar infructuosamente la venta de productos subsidiados, según autoridades y reportes de prensa.
Videos que circularon por las redes sociales mostraron a personas que se disputan paquetes de harina de maíz, pasta y aceite, que se venden a precios regulados.
Virguez comentó que “todavía hay un porcentaje mínimo de personas que denuncian violación de los derechos humanos, pero por desconocimiento de los mecanismos para hacerlo. No llega al 10% de las personas que se atreven a denunciar en muchos casos por miedo, sin embargo esto está cambiando”.
“La Defensoría del Pueblo no está cumpliendo su labor, porque si la gente no va a la sede no atienden a quienes son agredidos o encarcelados. Cuando el Estado no garantiza un derecho, esto ocasiona los saqueos, así como pasa con los linchamientos, cuando se buscan los objetivos por sus propios medios”.
En este sentido, se pretende reivindicar el Estado de derecho por parte de esta ong y sólo “5% de denuncias llegan al término necesario con respuesta por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia, hay un gran silencio, pero dicen que quien calla otorga”.
Apuntó que se está dejando de investigar lo que ocurre a nivel de la Fiscalía del Ministerio Público. “En muchos países hay una temor en cuanto a denuncias a efectivos militares, pero en Venezuela es notorio que las instituciones están al servicio de un partido de Gobierno y no de los ciudadanos”.
Más allá de los límites
Virguez lamentó que la familia de la joven trabajadora de la cooperativa Cecosesola, Yoseli Glorimar Pérez Morillo, de 26 años de edad, haya atravesado por el dolor de la muerte de la joven quien se ganaba la vida en esta feria de comida organizando colas en la propia comunidad.
Las circunstancias que envolvieron esta tragedia indican que aparentemente el descontento de una mujer cuando la víctima fatal le indicaba que no podía tener dos cupos para comprar.
La discusión comenzó de manera verbal y terminó todo en la muerte de Pérez, trabajadora desde hace 6 meses de la cooperativa, licenciada en Administración que había trabajado en varias empresas, la última la había liquidado producto de la situación económica del país.
En conclusión, una trabajadora que deja dos hijos en la orfandad producto de la intolerancia.
