Barquisimeto es tierra de incomparables atardeceres, de pueblo noble, casa de la Divina Pastora, nido del Cardenales de Lara, capital musical de Venezuela, donde es común escuchar a viva voz un “¡Na’guará!”, “tierra buena, industriosa y fecunda”, como lo dicta su himno. Pese a esas características positivas esta entidad no escapa a las cifras alarmantes que empañan de color rojo las calles del país.
Los 17.778 homicidios que se perpetraron en 2015, según el Ministerio Público (27.875 según el Observatorio Venezolano de Violencia), convierten a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo.
La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que durante el primer trimestre del 2016 fueron cometidos casi 5.000 asesinatos, proyectando para finales de año unos 20.000 delitos de esta índole, de mantenerse el nivel de violencia actual en el país.
En sintonía con ello, Barquisimeto fue declarada por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz, como la urbe número 20 más violenta del mundo, por encima de Ciudad Juárez, conocida por el alto número de crímenes que allí se produce debido a grupos vinculados con el narcotráfico.
Según datos extraoficiales, utilizados por la organización para su estudio, se produjeron 647 homicidios en el municipio Iribarren en 2015; 72 en Palavecino, que es un municipio esencial en la dinámica empresarial y social de la capital larense, a tal punto que en algún momento se consideró fusionar ambas ciudades en una, por lo que para el análisis unifican dicha estadística. Ambos suman un total de 721.
Los altos índices de violencia en una sociedad se deben a distintos factores. Las fallas en el funcionamiento del sistema de justicia venezolano es uno considerablemente influyente, según el abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel.
Se conoce que alrededor del 98% de los delitos que se cometen y son registrados en el Ministerio Público, quedan impunes. “Tenemos unos fiscales y unos jueces que son sinónimo de impunidad. De cada 100 delincuentes que hay en Venezuela sólo dos son sancionados por el sistema de justicia, los otros 98 quedan completamente impunes, en la calle”.
Explica que el sistema penitenciario colabora para que sigan subiendo los índices de violencia en la nación. Y Barquisimeto no queda exento de ello, pues dentro de su área limítrofe quedan ubicados dos centros penitenciarios en los que los reclusos portan armas, causan revueltas e incluso llegan a dominar algunas zonas del penal, como lo son la cárcel David Viloria de Uribana y la penitenciaría Fénix.
“Los pocos delincuentes que llegan a ser capturados y procesados terminan en cárceles, que lejos de rehabilitar a las personas, sirven como escuelas criminales”.
Otro de los factores que incide, son las precarias condiciones sociales en las que vive el venezolano y que siguen deteriorándose con el pasar de los días.
“En nuestro país, especialmente desde que está Nicolás Maduro en el poder, se han deteriorado enormemente todos los indicadores económicos. Se ha desatado el tema del desempleo, la inflación, y estos son factores sociales que motivan a que muchas personas incursionen en el tema delictivo”.
Igualmente dijo que “hay millones de armas de fuego que circulan sin ningún control por parte del Estado, porque a pesar de los anuncios de los distintos planes de desarme nacional, ninguno ha sido efectivo y hoy vemos cómo los delincuentes están armados hasta los dientes”.
No obstante, para la protección de más del millón quinientos mil habitantes, la capital larense y su municipio vecino, cuentan con el despliegue de tres cuerpos policiales: Policía Municipal de Iribarren (PMI), Policía del Estado Lara (Polilara) y Policía Nacional Bolivariana (PNB), cada una de estas con distintas atribuciones, pero concordando en la prevención de delitos, a través de la vigilancia y el patrullaje.
Pero, ¿qué tan aptos se encuentran nuestros cuerpos policiales para cumplir con sus tareas?
“Somos muy poquitos para un municipio tan grande”
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo oportuno de las labores asignadas es la falta de personal en los cuerpos policiales. En Venezuela, cuenta Izquiel, se presenta un déficit de 30.000 y 40.000 funcionarios aproximadamente.
Cuando en un país la criminalidad está de alguna manera controlada, los estándares internacionales recomiendan la presencia en las calles de 300 a 400 policías por cada 1.000 habitantes, número sugerido por la Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
En Barquisimeto y Cabudare, el promedio de agentes por ciudadanos está muy por debajo a los estándares internacionales, tal y como Venezuela está por debajo.
Según datos aportados por los organismos policiales que hacen vida en la región, se calcula que hay un déficit de más o menos 2.000 policías en una de las ciudades más peligrosas del mundo. El promedio en la localidad sería de 236 agentes de seguridad por cada 100.000 personas.
“A la gente que circula en las noche por cualquier ciudad del país se le hace difícil ver una patrulla o ver policías patrullando. Esa es la mejor demostración del déficit cuantitativo que tenemos”.
El director de la Policía Municipal de Iribarren, Héctor Medina, considera que dentro de su organismo debería existir un número de entre 700 y 1000 funcionarios, pero actualmente cuentan con 304, solo 124 de ellos destinados para labores de vigilancia y patrullaje.
“Somos muy poquitos para un municipio tan grande”.
48 de estos policías municipales que “deberían estar en las calles”, tienen que quedarse en las instalaciones de la PMI resguardando a privados de libertad, quienes están recluidos en celdas que presentan hacinamiento. Durante la noche, apagones eléctricos y fines de semana se debe redoblar la seguridad.
La policía regional no libra de este mal. Allí destinan más de 1.500 uniformados a la custodia de detenidos cuando “pudieran estar en la calle haciendo labores de vigilancia y patrullaje, dando respuesta a las necesidades de la población”.
Estos privados de libertad, según cuentan las autoridades policiales, no deberían permanecer en las cárceles de estas instituciones por más de 72 horas. Algunos llevan años. En ambos entes, se han hecho las solicitudes para traslados correspondientes sin obtener respuesta alguna.
Para preocupación de todos los venezolanos, el déficit no es solo numérico, sino también a nivel cualitativo.
“Las policías del país no han terminado de ser depuradas. Están penetradas por funcionarios que, a la par de otros que trabajan con ética y honestidad, están ligados al delito, cometen actos de corrupción y no se dedican a la protección de la ciudadanía”, cree Izquiel.
698 vehículos policiales parados en Lara
Para seguir perjudicando la labor de los policías, la situación económica del país ha hecho que parte importante de sus vehículos de trabajo estén detenidos, en su mayoría por la falta de repuestos básicos como cauchos y baterías.
“Es lamentable el estado en el que se encuentran casi todos los cuerpos policiales del país producto de la falta de inversión suficiente del Gobierno nacional”, comentó Izquiel, también asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
De los 1.070 vehículos con los que disponen entre la PMI y Polilara (bicicletas, motos, patrullas y camiones), se encuentran al menos 698 accidentados. Esta cifra aumenta, claro está, si sumamos las unidades de la PNB, en donde admitieron verse afectados por “la guerra económica», pero prefirieron reservar cifras.
Ante esta limitante han venido adaptándose. En el caso de la PMI, insólitamente utilizan un autobús (prestado de otro instituto municipal) para transportar a los agentes de seguridad hasta los puntos donde deben cumplir con su faena.
Más limitaciones
Asimismo, existen deficiencias en los equipos de comunicaciones, faltas de equipamiento en general y atrasos en herramientas tecnológicas. “Vemos cómo un Gobierno gasta mucho dinero en armamento militar, pero las policías trabajan con las uñas”.
También se ven en desventaja los funcionarios en cuanto a armamento se refiere. El arma de reglamento que posee todo oficial es la pistola 9 milímetros de alguna marca. Además se le es permitido a los cuerpos municipales y regionales, poseer una escopeta 12 milímetros por cada 10 hombres, mientras los delincuentes están equipados con fusiles de guerra y granadas.
No obstante, las autoridades en materia de seguridad resaltan el profesionalismo de cada uno de los integrantes de los distintos cuerpos policiales, que a pesar de las vicisitudes, llevan a cabo una loable ocupación.
El panorama no parece prometedor en los próximos meses, todo parece indicar que la violencia seguirá en aumento y mientras sigue creciendo la densidad poblacional local y nacional, el número de policías se mantiene o decae.
Por otro lado, desde los entes de seguridad instaron a los ciudadanos a hacer las denuncias formales ante cualquier eventualidad y a tomar previsiones comunes de seguridad, entre otras condiciones.
En la UNES importa más la calidad que la cantidad
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) es el único órgano (junto a las escuelas de policías) autorizado por el ministerio de Interior y Justicia para formar venezolanos en servicio policial.
En Lara se cuenta con este instituto, que desde el 2012 egresa ciudadanos instruidos en los Programas Nacionales de Formación (PNF) bomberil, custodios penitenciario, y de investigación penal (CICPC), así como el de servicio policial. Sin embargo, en este último ha disminuido significativamente la cantidad de egresados a medida que van finalizando las cohortes. En la primera promoción más de 900 policías formados, entre la séptima y octava (aún por graduarse) se suman 180 estudiantes.
El director de esta casa de estudios, Jean Carlos Contreras, señala que esto se debe al mejoramiento de la malla curricular, así como a los requerimientos para el ingreso, todo orientado al nuevo modelo de funcionario policial.
“En el proceso de formación se está siendo más estricto en cuanto a la disciplina, el respeto, el compromiso, la responsabilidad y se han aplicado estrategias de los mal llamados filtros”.
Considera que lo importante no sería cumplir con alguna cifra específica, sino que lo preponderante es la calidad compromiso de los policías, para obtener efectividad en el servicio.
En los cuatro años de funcionamiento en Lara se han graduado un total de 2.276 oficiales en seis cohortes que han ido directamente a hacer las pruebas para ingresar a la Policía Nacional Bolivariana. De estos, se estima que un 96 por ciento haya pasado los exámenes e ingresado a las filas de la PNB.
Para cursar los estudios policiales en la UNES se requiere ser venezolano de nacimiento, tener entre 18 y 23 años, contar con título de Educación Media Diversificada, no poseer antecedentes penales, así como aprobar las prueba médicas, física y sicotécnica.
