Hace varias semanas Josefina presenció una escena que aún la atormenta: una muchedumbre apaleó y quemó vivos a dos presuntos ladrones. La justicia por mano propia crece en Venezuela -uno de los países más violentos del mundo- en un contexto de impunidad.
«Me da escalofríos cuando recuerdo los gritos de dolor de esos muchachos», contó a la AFP esta peluquera de 43 años, quien salía de su trabajo al anochecer cuando se topó con ese hecho de violencia en una calle comercial y residencial de Los Ruices, urbanización de clase media del municipio Sucre, al este de Caracas, donde desde el año pasado se ha linchado a supuestos criminales.
Rodeados por los transeúntes que se dirigían hacia el metro, habitantes de la zona golpeaban a los supuestos agresores con cascos de motos, patadas y puños. «De repente alguien les echó gasolina y los prendieron en candela», añadió Josefina abrumada.
«¡Agárrenlo!», gritan los vecinos al ver un robo con arrebato, y usan el mismo llamado para convocar a los 350 miembros del grupo de Whatsapp «Los Ruices en acción», para que se atrincheren en las puertas de sus edificios y capturen al asaltante.
William Collins, dirigente vecinal, asegura que la comunidad se organizó para repeler a los malhechores, no para asesinarlos.
«Tenemos que defendernos porque no hay suficiente vigilancia policial», dijo a la AFP este abogado de 50 años. «Los linchamientos han surgido espontáneamente», añadió.
El director de la policía municipal Polisucre, Manuel Furelos, señaló a la AFP que no dispone de «pie de fuerza» para cumplir estándares internacionales de seguridad ciudadana.
«La ONU recomienda desplegar cuatro policías por cada mil habitantes. En Polisucre, al igual que en la mayoría de las policías del país, contamos con la mitad», explicó.
Adriana Torres, una comerciante de 45 años, no tuvo tiempo de avisar a los vecinos cuando un ladrón le apuntó con una pistola frente a su negocio para robarle el celular a mediados de 2015.
«Estoy de acuerdo con que agarren a los malandros (ladrones) porque estamos cansados de la impunidad», opinó.
A Josefina la atracaron en la misma calle, pero deplora los linchamientos. «No somos Dios para decidir sobre la vida de un ser humano», sostuvo.
Los hurtos representaron 37,4% de los delitos investigados por la Fiscalía en 2015, siendo el tipo de mayor incidencia en medio de una severa crisis económica.
Un habitante de Los Ruices muestra en su teléfono móvil fotos de hombres desnudos y sangrando en el suelo, amarrados de manos y pies, a la espera de la policía, escenas que se difunden cada vez más en redes sociales.
Cadena de impunidad
A mediados de abril, la fiscal general, Luisa Ortega, informó que su despacho investigaba 26 casos de ajusticiamiento: dos de 2015 y 24 del primer trimestre de 2016, que dejaron 20 muertos y 17 heridos.
Dos semanas después, las cifras se dispararon: 74 expedientes por 37 personas asesinadas y otras tantas lesionadas, según Ortega.
Este año la prensa venezolana ha reportado linchamientos y golpizas contra supuestos criminales en 20 de los 24 estados del país.
«Nadie puede ejecutar linchamientos, aun cuando la persona haya cometido delitos, pues en ocasiones se cometen injusticias», advirtió la funcionaria.
Ese fue el caso de Roberto Bernal, un cocinero de 43 años que fue golpeado, rociado con gasolina y prendido fuego en Los Ruices por una turba que lo confundió con un ladrón, denunciaron sus familiares.
Solo hay un imputado por este asesinato, pese a que según la Fiscalía fue emboscado «por un grupo de personas».
La psicóloga social Magally Huggins considera que los linchamientos revelan que la ciudadanía «no percibe garantías de acceso oportuno a la justicia».
Según el no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), de 70.000 presos que hay en Venezuela sólo 30% están sentenciados, mientras que 68% de los detenidos en 2015 por robo y homicidio eran reincidentes.
En el caso del municipio Sucre, «ocho de cada diez detenidos en flagrancia vuelven a la calle sin ser procesados debido al colapso del sistema judicial», aseguró Furelos, quien rechaza los ajusticiamientos.
Para el criminólogo Andrés Antillano, es «peligroso» que la violencia «se vuelva aceptable para fines privados porque se pierde la diferencia entre el que mata para robar y el que mata para impedirlo».
Solo un tercio de los venezolanos está en contra de los linchamientos, según encuestas del OVV recabadas desde 2002 hasta 2012.
La Fiscalía venezolana registró 4.696 asesinatos en el primer trimestre de 2016, por encima del promedio mensual del año pasado, cuando hubo 17.778 homicidios, que equivale a 58,1 víctimas por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, el OVV sostiene que la tasa asciende a 90 asesinatos por mes, lo que convierte al país en uno de los más violentos del mundo sin conflicto armado, frente a un promedio global inferior a nueve.
