En la calle los padres decidieron alzar sus voces para rechazar nuevamente la decisión del Ejecutivo Nacional de decretar cese de actividades escolares los días viernes, desaprobación que tomó más fuerza al extender tal medida hasta el 27 de mayo.
“No se entiende que el gobierno tome esa decisión si las escuelas de lunes a jueves permanecen trabajando con racionamiento eléctrico y los viernes también lo hacían”, dijo Guadalupe Yépez, representante de Padres de Lara, una de las cuatro organizaciones que decidieron apoyar la protesta que se generó a las afueras del Consejo Nacional de Derechos de Niños y Adolescentes (Cndna).
Los representantes no solo expresaron sus quejas, también presentaron como propuesta que los viernes se generen charlas que eduquen a los menores sobre la importancia del ahorro energético, pero que no se siga llegando a la instancia de tener que cerrar las instituciones educativas y perder clases.
Los padres aseguraron que se trata de una violación al derecho a la educación que cada ser humano posee. “Nuestros hijos no tienen la culpa de las malas políticas que ha ejecutado el gobierno”, dijeron. De igual forma aseveraron que “en un salón se usa menos luz que treinta niños que se queden en sus casas viendo televisión”, por lo que insistieron que el decreto de no clases es un total y rotundo error.
Junto a los representantes de los menores también acudieron dirigentes estudiantiles, como Stephanie Brito, quien expresó su apoyo a la protesta realizada e indicó que se están vulnerando los derechos estudiantiles en todas sus etapas. Si bien las universidades no entran en la medida gubernamental, Brito indicó que muchas de estas sufren por el racionamiento eléctrico, lo que los ha llevado en muchas oportunidades a la suspensión de clases, especialmente en horario nocturno.
Junto a los protestantes estuvo presente Andrés Colmenárez, vicepresidente de Funpaz, este acompañó a los padres a hacer entrega en el Cndna de un documento en donde se expresaba el rechazo al decreto, así como las leyes que se están violentando al evitar que los recintos educativos abran sus puertas los días viernes; entre ellas la Constitución y los Derechos Humanos. Colmenárez advirtió que la medida que está tomando el gobierno afectará el futuro del país, por lo que lo más prudente sería reflexionar al respecto.
Milagros Gómez de Blavia, presidenta de la comisión de educación y cultura del Concejo Municipal de Iribarren, insistió en que es necesario reaccionar ante el decreto que catalogó como un atentado diciendo que “cerrar las puertas de las escuelas es un delito”. La concejal expuso además que es un momento difícil también para los padres de los niños quienes deben buscar la manera de cuidar a sus hijos durante los días que no tengan actividad escolar.
Quienes asistieron hicieron un llamado al resto de la colectividad a acompañarlos a las actividades que estarán realizando en las siguientes semanas, entre estas: la visita a demás entes como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Zona Educativa.
