Dos hombres y una mujer fueron privados de libertad por su presunta participación en el robo de artefactos en un apartamento del Complejo Habitacional Alí Primera, ubicado en el norte de Barquisimeto.
La detención fue posible por efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) quienes, luego de una denuncia recibida el pasado jueves 5 de mayo por parte de la víctima, practicaron un allanamiento en un apartamento de la zona 13 del conjunto residencial, edificio E.
En la vivienda localizaron un mini teatro casero, equipo de sonido, una computadora canaima, y otros artefactos robados en otra vivienda de la zona 17.
En ese lugar se encontraba Eduardo Gutiérrez Suárez, de 20 años de edad, Héctor Yonaiker Fréitez Aranguren, de 18 y Francys Daniela Guaisimacaro Arrieche, de 22 años.
Ninguno de los detenidos presenta otros registros policiales, sin embargo se pudo conocer por medio de denuncias anónimas que desde hace tiempo en dicho apartamento se realizaban escandalosas fiestas en donde incluso se consumían sustancias estupefacientes.
Las investigaciones continúan para averiguar los datos del propietario de la vivienda y por qué estaba en poder de los jóvenes que la usaban como una suerte de guarida.
El caso está en manos de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público y ayer en la tarde los detenidos permanecían en tribunales para la audiencia de presentación donde serán presentados los cargos por este delito.
Por resistencia a la autoridad
Este mismo viernes también fue detenido un hombre identificado como Samir Gónzález, de 29 años de edad, quien ese día acompañaba a su hermana que fue citada a las instalaciones del Conas para declarar por su presunta participación en un caso.
Al parecer los ánimos se caldearon y presuntamente González se alzó contra los uniformados y los amenazó de muerte, por este delito fue detenido.
Ayer también sería presentado en tribunales larenses, y se considera que será imputado por resistencia a la autoridad y amenaza, tipificado en el artículo 215 del Código Penal Venezolano: “El que amenace a un funcionario público o a uno de sus parientes cercanos, con el fin de intimidarlo para hacer o dejar de hacer algo propio de sus funciones, será castigado con prisión de uno a tres años. Si el hecho se ejecutare con violencia la pena será de dos a cuatro años”.
