Las circunstancias políticas que atraviesa el país en estos tiempos, hacen presagiar un futuro incierto y cada vez más comprometida la posibilidad de encontrar, en el corto plazo, una salida constitucional a la crisis.
En estos días nos ha tocado presenciar, el enfrentamiento desatado entre los distintos poderes que conforman nuestro estamento institucional, con la cantidad de perjuicios e inconvenientes que ocasionan al bienestar y desarrollo del país.
Por una parte, la actual A.N. ha decidido emprender una dura batalla legislativa en procura de promover leyes, que logren cubrir una vieja deuda con el pueblo venezolano y por la otra, la Sala Constitucional del T.S.J. impidiendo o boicoteando hacer realidad todos estos buenos propósitos.
Pero ha sido el Poder Ejecutivo quien ha llevado la batuta en eso de entorpecer el trabajo legislativo, bien de manera directa o por interpuestas personas, llámense el Bloque de la Patria o Sala Constitucional del T.S.J. y todas las leyes, sin excepción, han sido rechazadas sin importar los beneficios que estas contienen.
También en este entramado de complicidades, ha tenido participación protagónica el C.N.E., integrado por una mayoría de Rectores afectos al régimen, los cuales sin disimularlo, actúan en sintonía con las directrices emanadas desde el «oficialismo» y colocan trabas e impedimentos a cualquier planteamiento de la «oposición».
Otra situación enojosa se refiere a la dificultad de la A.N. para ejercer su función contralora, su obligación de investigar y establecer responsabilidad en aquellas denuncias de corrupción o actividades ilícitas cometidas por funcionarios de la administración pública, debido a la obstrucción del Ejecutivo, al no permitir la comparecencia y rendición de cuentas de sus funcionarios.
No obstante todo este cumulo de dificultades, en fecha reciente la Sala Constitucional del T.S.J. emitió una sentencia que obliga a la A.N. a consultar al Poder Ejecutivo para aprobar leyes económicas, al igual que modificó disposiciones del Reglamento Interior y de Debates, lo cual socava las atribuciones y competencias de la A.N.
De tal manera, que si a esto agregamos el estado de sitio en que se ha convertido los alrededores del Palacio Legislativo, los atropellos y violaciones a la investidura de los Diputados de la «oposición» por parte de los organismos de seguridad (G.N.B. – P.N.B.) y la incautación de la señal, equipos y utensilios de la Televisora de la Asamblea A.N.T.V., la situación luce mucho más complicada.
En conclusión, el Poder Legislativo, el más legítimo y soberano de todos, se encuentra en el «ojo del huracán», víctima de cualquier tipo de tropelías jurídicas, con 3 Diputados Suplentes aún encarcelados y otros 3 Diputados del Estado Amazonas, electos y juramentados pero sin presencia en el hemiciclo. Todo parece indicar que a la mayoría de los legisladores de la A.N. no les va a quedar otra alternativa, que recurrir a la O.E.A. y solicitar a esa institución, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como salida a la enorme crisis institucional que vive el país. Valor y Pa´lante.
