La organización Transparencia Venezuela propone la Ley contra el Secreto y el Guiso así como la Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública a fin de hacerle frente a la corrupción y a los altos niveles de opacidad que auspicia el Gobierno nacional.
En este foro, efectuado en la Sala de Conferencias del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA, participaron Alba Perdomo y Yonaide Sánchez de Transparencia Venezuela, José Luis Yépez y Manuel Virgüez de Movimiento Vino Tinto.
Yonaide Sánchez mencionó que sin acceso a la información pública los ciudadanos renuncian a su derecho a saber, influir y participar.
“Si no tenemos información estamos ciegos. En ese sentido los medios de comunicación representan esa gran vidriera que tienen los ciudadanos para conocer cómo se maneja la gestión pública y cómo funcionan los organismos públicos”.
Sánchez aseguró que lo expuesto en el foro llegará a la AN. Destacó que hace poco se analizó el índice de presupuesto abierto, el cual arrojó números muy lamentables para Venezuela. El índice de corrupción se ubicó en 8/100 y el propio índice de presupuesto abierto marcó 18/100.
“Vemos que la opacidad es una política de estado porque los organismos no dan informes, porque al requerir cifras el propio TSJ nos niega el acceso, créditos adicionales no pueden ser auditados, entre otros, todo tiene que ser enfrentando con leyes que obliguen a los funcionarios públicos a proveer esa información”.
Agregó que la transparencia se traduce en participación sobre las decisiones que afectan a la ciudadanía. “Los Gobiernos se atrincheran en la opacidad cuando hay información que no quieren dar, cuando los números no cuadran”.
Alba Perdomo, coordinadora de Transparencia Venezuela, precisó que se trata de una ley para fortalecer la participación ciudadana y la contraloría social.
“Desde el momento en el cual las entidades oficiales tengan una cultura de transparencia y rindan cuentas, no solo por solicitud de los ciudadanos, sino por costumbre, se puede lograr que la gente confíe plenamente en esas entidades porque así sabe qué está pasando con el presupuesto que maneja y su accionar”.
Perdomo expresó que en este momento la opacidad es una norma nacional ya que numerosas entidades oficiales no rinden cuenta. Por ejemplo, se desconocen los parámetros de los contratos en el arco minero del Orinoco.
A juicio de la entrevistada se quiere evitar que se difunda información sobre temas susceptibles de corrupción.
Manuel Virgüez de Movimiento Vinotinto sostiene que la ley es un mecanismo para vigilar las funciones de los organismos públicos en el Estado.
“La realidad de Latinoamérica es que la corrupción ha hecho mella en todos los niveles, lo que ha generado grandes desigualdades. La discrecionalidad ha pervertido él ejercicio de la función pública. Esta ley nos permitirá conocer las reales estadísticas de desempleo, mortalidad, empresas que han quebrado, retardo procesal, entre otras informaciones que actualmente al solicitarlas, no son accesibles. A partir de este instrumento que promueve Transparencia Venezuela sería una obligación para los funcionarios públicos proveer toda esa información”.
