4.696 homicidios se registraron en Venezuela en el primer trimestre de 2016, aseguró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
En el marco de una rueda de prensa realizada este martes, admitió que las políticas públicas en materia de seguridad han fracasado.
«Debe planificarse una política para contrarrestar la violencia (…) frente a este problema hay que sentarse a hacer una planificación, donde participen todos los entes del sistema de justicia penal», manifestó.
La funcionario expresó que uno de los factores que ha determinado la situación actual de violencia es el retardo procesal, pero también la falta de articulación institucional.
Pese al panorama descrito, Ortega insistió en que «el Ministerio Público sigue avanzando y cumpliendo con sus funciones», al tiempo que instó a la ciudadanía a creer en las instituciones. Cree que la ola de linchamientos que crece en el país, así como la «grave» corrupción policial que a su juicio campea, es producto de la anarquía generada por la falta de confianza de la ciudadanía en el poder del Estado para perseguir el crimen.
«Es necesario que la colectividad tenga confianza en sus instituciones, de lo contrario, ocurren anarquías», expresó.
Linchamientos
A propósito de los linchamientos, Ortega Díaz informó que el Ministerio Público ha iniciado 74 investigaciones, y actualmente hay dos personas detenidas en el estado Zulia. Condenó una vez más esta práctica y destacó que es un delito, no justicia.
«Nadie puede ejecutar linchamientos porque a veces se comenten injusticias por tomar la justicia por sus propias manos», sentenció Ortega.
De la misma manera, la funcionaria condenó que se haya «idealizado» la figura del pran.
«Atribuyo esto al tráfico de armas de fuego», admitió, por lo que advirtió que «la tenencia de armas de fuego debe ser controlada porque facilita el crimen y la violencia”.
Dirección de Política Criminal
Como parte de una solución al panorama descrito, la titular del Ministerio Público inauguró este martes la Dirección de Política Criminal del Ministerio Público, que nace «con la finalidad de proponer medidas en articulación con las comunidades para combatir la inseguridad».
Una de las tareas que tendrá esta nueva instancia es “con fundamento en las estadísticas del Ministerio Público, generará propuestas para el Estado venezolano, para mejorar la seguridad ciudadana, que no haya retardo procesal, que las sentencias sean oportunas, dictadas en tiempo justo, que haya celeridad”, manifestó.
Finalmente, la fiscal general de la República afirmó que “el procesamiento penal debe ser un trabajo permanente, sostenido, que se sostenga en el tiempo y que cambie de acuerdo a la realidad social”.
