Múltiples comentarios en contra, ha generado el reciente aumento de salario mínimo, motivado por el Día del Trabajador, el cual llevó el monto de pago mensual de Bs. 11.577,81 a Bs. 15.051,00 , lo que representa Bs. 3.473,19 de diferencia y un pago de Bs. 501, 7 por día.
El monto diario sería igual a diez pasajes para el transporte público en Barquisimeto o entre dos y tres vasos grandes de cafés en la calle. Para adquirir un kilogramo de queso, básico para el desayuno de los venezolanos, se necesitan entre seis y siete días de trabajo.
Si se realiza un analiza con base en el salario mínimo integral, que pasó de Bs. 24.852,81 a Bs. 33.636, al modificarse también la base de cálculo del bono de alimentación de 2.5 a 3.5 Unidades Tributarias (UT), pasando de Bs. 13.275 a Bs. 18.585, los venezolanos entonces pueden adquirir por mes el 23% de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) que según cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) fue de Bs. 142.853,20 en marzo.
Al respecto, José Colmenárez, dirigente sindical de Obreros de Institutos Educacionales (SOIE), dependientes de la Gobernación de Lara, sostiene que si bien todo trabajador podría aspirar a un aumento salarial, es precisó que se “combata” con urgencia la inflación, que “causa estragos en las familias venezolanas”.
A esto sumó que el Ejecutivo nacional no envía el dinero de pago de beneficios vía decreto a tiempo, por lo cual aún estarían percibiendo cestatickets de Bs. 6.750 por mes. “Se supone que cuando hacen decretos de este tipo, ya cuentan con los recursos”, manifestó.
La misma situación fue descrita por Alba Torrealba, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la alcaldía de Iribarren, quien subrayó que este aumento más que representar un estímulo, simboliza un “desestimulo y desestimación de la calidad de vida del trabajador”.
Ambos representantes sindicales criticaron que se perciba más por bonos de alimentación que por salario, por lo que los Bs. 18.585 de alimentación, no tendrían incidencia en otros beneficios.
Sostuvo que la organización sindical no comparte el criterio del presidente de la república de aumentar el salario mínimo nacional, ya que previo a ello se debió haber corregido la inflación y el desabastecimiento.
-De qué me vale un aumento del 30% si todos los precios suben aceleradamente, además que el dinero llegará a las gobernaciones y alcaldías con retardo.
Criticó que en la toma de decisiones para el aumento salarial, no participen las federaciones ni asociaciones, además de organizaciones sindicales. “No puede ser que una persona, defina los aumentos salariales, a espalda del pueblo y el valor de la cesta básica”.
Colmenárez describió la distribución porcentual del salario mínimo integral como “demagogia”, ya que tampoco atiende la necesidad del trabajador.
Faltas a la ley
Por su parte, Domingo Salgado, recordó que si bien el aumento del 1º de Mayo se ha convertido en costumbre, de nuevo se hace de forma inconsulta, puesto que no se tomaron en cuenta empleadores ni empleados. Precisó que al realizarse un aumento de manera unilateral, este genera frustración por parte de las empresas, además de algunos descontroles.
Insistió en calificar como “un error” que se incremente el beneficio del trabajador, a través de bonos y no de salarios.
Asimismo, recordó que anteriormente, en la Ley de Beneficio de Alimentación a los Trabajadores, se establecía que la bonificación por este concepto, no podía ser superior al 30% del ingreso total del trabajador. No obstante, el artículo fue eliminado cuando se pasó a llamar Ley del Cestaticket Socialista, en la cual no se establecido ningún tipo de límites.
Actualmente el bono de alimentación representa el 120% del salario mínimo devengado.
Salgado subrayó que gran parte de los trabajadores del país devengan salario mínimo y aunque la Ley Orgánica del Trabajo sólo obliga a respetar el pago de este, es preciso apuntar que la asignación de sueldos y salarios es política del empleador y el trabajador.
“En la práctica, la empresa privada del país ha registrado una paulatina merma en sus ganancias, lo que ha afectado posibles incrementos salariales”, situación que se repite en el sector público, ya que el reciente incremento deja a muchos profesionales de los niveles cuatro y cinco, por debajo del salario mínimo.
Salgado indicó que Venezuela se encuentra frente a una descomposición del salario, el cual se había rescatado en el año 1997, con el acuerdo tripartito de seguridad social integral y política salarial.
Sobre la ratificación del presidente de la república de realizar revisiones trimestrales del salario mínimo, apuntó que se trata de una ratificación de que Venezuela es “una economía altamente inflacionaria”. Subrayó que dicho escenario afecta las negociaciones colectivas, motivado a que se dejan sin margen factible las negociaciones de las mesas de diálogo, a objeto de alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores.
Las empresas
Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras-Lara describió el aumento salarial como “sal y agua”. Indicó que mientras el sector privado no registre una mejora en la producción no habrá recursos para ofrecer mejoras a los trabajadores.
Señaló que pequeñas y medianas empresas podrían cerrar sus puertas, ya que no existe posibilidad para asumir los ajustes salariales, lo cual se apreciará en algunos meses, con la acentuación de escasez.
-Déjennos producir y generar condiciones para brindar mayores beneficios a nuestros trabajadores, que merecen y merecerán siempre mejores sueldos… No debería haber aumento de los salarios, sino de la producción en el país.
Por su parte, Jesús Enrique López, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales (Capmil) afirmó que sus agremiados son “fieles cumplidores del régimen legal vigente”, por lo que acatarán el reciente aumento de salario mínimo. Sin embargo, subrayó que este ajuste afectaría sólo a una parte de las pequeñas y medianas empresas, ya que un importante grupo de esta, en Lara, mantiene sueldos “muy por encima del mínimo”.
López manifestó que “lo que golpea a las empresas no es el aumento de salario, sino algunas políticas que limitan la producción, merman las ventas y hacen cuesta arriba que industriales respondan a las exigencias de sus empleados”.
Recordó que a través de Fedeindustria han solicitado la revisión en los precios de 700 artículos regulados, a fin de propiciar rentabilidad justa en las empresas, adquisición de materias primas, que se acepten la revalorización de los activos y se calcule el trasporte en la estructura de costos, para mantenerse productivos.
