Para rechazar la designación del alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, como jefe de la comisión que revisará las firmas del 1% que entregó la oposición para solicitar el referendo revocatorio, se pronunció este lunes, la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Dignora Hernández.
Señaló que mientras los caraqueños piden un Alcalde responsable y comprometido en la resolución de los problemas, Rodríguez se convierte en el defensor del presidente Nicolás Maduro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Parece que el psiquiatra, ex vicepresidente, ex rector del CNE, tendrá otra responsabilidad que lo llevará una vez más a dejar abandonado el cargo que le dio el pueblo. Rodríguez goza de ´poderes absolutos´ para defender a Maduro y de incapacidad para resolver los problemas de los ciudadanos y de todo aquel que transite por las calles del centro de la capital», aseguró.
A juicio de la parlamentaria, el burgomaestre dedica su labor a un discurso “politiquero” y no a pronunciarse sobre los índices de inseguridad que refleja la ciudad de Caracas, a la escasez de productos básicos o a los hechos violentos y recurrentes, generados por supuestos oficialistas en las adyacencias de la AN, en los cuales agreden a parlamentarios y medios de comunicación.
Además advirtió que “usted se equivoca Alcalde cuando dice que aquí no se ha activado nada pues, aquí el 6 de diciembre se activó nada más y nada menos que la decisión firme y soberana de un pueblo que se cansó de tanto desgobierno y apostó por el cambio”.
Hernández destacó que la profesión de Jorge Rodríguez implica desarrollar la capacidad para distinguir la verdad y la mentira; además de ser “sanadores y no perpetuadores de males”, con lo cual, en este momento de crisis política, debería ser un promotor de tolerancia y buscar las soluciones.
Finalmente, lo exhortó a ser digno ante el final de un gobierno antidemocrático, para evitar la incertidumbre en los hogares venezolanos y la represión de emociones; también a verificar con rapidez el millón 850 mil firmas entregadas al máximo órgano electoral, tal y como hicieron con los diez millones de rúbricas contra el decreto del presidente Barack Obama.
