Hace exactamente 15 años atrás, en el año 2001 los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), sancionaron en Lima la Carta Democrática Interamericana, un instrumento de derecho internacional destinado a proteger y promover la democracia representativa en la región.
La motivación inmediata de la Carta fueron las graves alteraciones al orden democrático perpetradas en el Perú por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, quien finalmente huyó al Japón tras los escándalos de narcotráfico y corrupción revelados poco después de su reelección.
Mucho se ha hablado en el país en las últimas semanas sobre la posible aplicación de la Carta Democrática. En las próximas líneas, trataremos de hacer algunas precisiones sobre su solicitud, activación y consecuencias para nuestro país.
El documento establece en su artículo 18 que:” cuando se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”. Posteriormente, el Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
Esto quiere decir que la Asamblea Nacional, como legítimo representante del poder legislativo, puede invocar la Carta Democrática argumentando como lo indica el documento, que se ha producido una amenaza grave a la democracia, evidenciada en la anulación del poder y las atribuciones constitucionales del parlamento a través del Tribunal Supremo de Justicia, cuya consecuencia inmediata es el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 6 de diciembre de 2015.
La activación de la Carta implica que el Secretario General o el Consejo Permanente pueden, si el gobierno lo autoriza, visitar al país, y elaborar un informe que contenga recomendaciones para la preservación de la institucionalidad democrática, siempre y cuando el Consejo Permanente lo autorice.
De igual manera, la cláusula democrática establece que cuando se ha producido la ruptura del orden democrático y han fracaso los mecanismos diplomáticos establecidos por la OEA para lograr la normalización democrática, la Asamblea General, con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros podrá suspender al Estado, en el que se ha producido la ruptura democrática, del ejercicio de su derecho de participación en el organismo.
El único antecedente de aplicación de la Carta Democrática ocurrió en Honduras en el año 2009 con el golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya, que derivó en la activación de los mecanismos previstos en la Carta y la exclusión del país centroamericano de la OEA hasta el año 2011, luego de que se celebraran elecciones libres en las que resultó electo Porfirio Lobo.
En nuestro país, la Mesa de la Unidad Democrática espera que, a través de la solicitud de la aplicación de la Carta, se materialice el apoyo de la comunidad internacional para encaminar al país hacia una salida a la crisis. No obstante, en los términos planteados es poco lo que en términos concretos puede hacer la activación de este mecanismo.
Lo que se establece es una sanción más que todo de naturaleza moral, que podría impulsar mayores definiciones de algunos gobiernos sobre la situación venezolana. Pero en estos momentos parece poco probable que una iniciativa como está tenga eco, visto los apoyos que aún conserva el régimen venezolano en los países beneficiados por Petrocaribe y de Brasil, todavía gobernado por Dilma Rousseff.
Tampoco podemos soslayar el hecho de que la fragilidad de las democracias latinoamericanas y el descontento de los ciudadanos con sus gobiernos, impide una defensa real del sistema democrático.
En definitiva, los venezolanos debemos asumir que la resolución de la crisis nos compete exclusivamente a nosotros y que pasa primero por reconocer la responsabilidad que tenemos como ciudadanos por permitir que el gobierno haya llevado al país a esta situación de ruina económica y moral. Si vemos las cosas de forma realista, es más factible que a mediano plazo la OEA contribuya con el país como mediadora en el duro proceso de reconciliación nacional que se avecina.
