El jueves 21 de abril un grupo de diputados de la oposición se encadenó a una de las escaleras de la sede del CNE, en Caracas, a objeto de ejercer presión para la entrega de las planillas con las que se recogerían las firmas que activen el referendo revocatorio presidencial.
Había pasado mes y medio de esa solicitud y el tiempo corría a favor del funcionario a revocar, puesto que si Nicolás Maduro pierde el referendo luego de haber llegado a la mitad de su período podría terminarlo el Vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, o quien el mismo Maduro escoja, a menos que el TSJ tenga reservada por allí alguna otra reinterpretación de la Carta Magna.
Los diputados encadenados, apenas siete, incluidas varias mujeres, actuaron en solitario, sin violencia. Si alguna integridad estaba en juego era la propia. Sin importar la representación popular que ellos ejercen los echaron a patadas bajo una lluvia de improperios. Un general, de esos a quienes no les caben más chapitas en el pecho, asumió el acto heroico de liberar la baranda, con el auxilio de una cizalla. La protesta ameritó un enérgico comunicado del CNE. Se trataba de una “violación absoluta a la institucionalidad del poder constituido”. El árbitro electoral rechazó el “chantaje” y le aclaró al país, una vez más, que “no actúa por presiones”. Es la reacción acostumbrada de Tibisay Lucena y su corte de rectores, cada vez que la oposición formula un reclamo, se atreve a exigir una mínima garantía de imparcialidad, o asoma alguna duda, como si no tuviera derecho ni abundaran las razones.
Las planillas fueron entregadas, qué casualidad, el martes en la tarde, justo un día antes de que se materializara la convocatoria a una movilización nacional que prometía resultar multitudinaria, quizá histórica. Se veía venir como una avalancha de unánime repudio a un Gobierno entrampado en sus célebres e incorregibles torpezas. El miércoles iba a quedar en evidencia que el país no sólo perdió el miedo, sino que está a punto de estallar. Tal es el grado de angustia generalizada, la gravedad de la desesperación imperante, el nivel del hartazgo frente a las depravaciones de un poder sostenido por obra de la fuerza y el secuestro de las instituciones.
Al día siguiente de que el CNE aflojara las planillas, las colas y el fervor de la gente decidida a firmar corroboraban la “tendencia irreversible”. En cuestión de horas las rúbricas exigidas, unas 200.000, se vieron quintuplicadas. Fue cuando el funcionario a revocar apareció en televisión, y la parte del territorio nacional que a esa hora tenía electricidad pudo ver cómo hablaba de designar una comisión del PSUV, encabezada por el inefable Jorge Rodríguez, a su lado en la transmisión, con el encargo de revisar, “una a una”, las firmas, a modo de ver quiénes están “en el campo de la antipatria”.
Han pasado varios días de semejante atrocidad y el CNE, hipersensible frente a las “injerencias”, ha guardado silencio. “Tenemos el derecho a auditar”, chilló el siquiatra desde su diván ambulante. ¿Desconfían acaso del personal técnico del “sistema electoral más perfecto del mundo”? ¿Cuál es la cualidad de Jorge Rodríguez para verificar firmas? ¿No es, esa, peor intrusión que la de encadenarse en una de las barandas del CNE? ¿No configura, eso sí, un chantaje ex profeso, descarado, una coerción, una suplantación inaceptable? Está claro que se trata de un exabrupto. Pero esa impertinencia busca las cámaras sólo para recrear un tardío espejismo. La intención es una que ya resulta peregrina, ilusa. Se busca desalentar la única vía que no puede taponar el TSJ, pues es la directa expresión del soberano. Por cierto, la salida que, pese a los obstáculos, los que no faltarán, luce ahora más irrebatible.
