En un 2.500% aumentaron los secuestros en el país entre 1999 y el presente, aseguró el experto en seguridad ciudadana, Marcos Tarre Briceño.
En este sentido, Venezuela es el país del mundo donde un ciudadano corre mayor riesgo de ser secuestrado, aún por encima de México.
«Es el delito que más ha crecido en nuestro país. Los homicidios aumentaron cerca de un 380%, pero los secuestros 2.500%», afirmó en el marco del foro Corrupción Policial, organizado por Paz Activa y efectuado este jueves.
La raíz
De acuerdo con Tarre Briceño, la corrupción policial tiene su origen en muchos factores, pero en Venezuela especialmente esta asociada al hecho de la proliferación de la delincuencia organizada, amparada por políticas de Estado que fomentan la impunidad y un sesgo de tolerancia hacia estas prácticas. Esa línea gubernamental -aseveró- comenzó en el momento mismo en que Hugo Chávez asumió la presidencia y declaró la neutralidad de Venezuela frente al conflicto armado entre Colombia y las organizaciones FARC y ELN (igualando a gobierno con terroristas), pero se vió evidenciada más adelante con el surgimiento de los pranes y las zonas de paz.
Más específicamente en 2011, cuando «después de 28 días de intentar controlar la cárcel de El Rodeo, tomada por un grupo de reos, los pranes se «escaparon» la noche anterior a la recuperación del penal por parte de las fuerzas de seguridad, y un mes después se creó el Ministerio de Prisiones. Ahí de alguna manera se reafirmó un proceso de negociación entre Estado y delincuencia, que ya tenía antecedentes», manifestó el criminólogo.
Tomando en cuenta que la mayoría en los secuestros en el país se planifican desde las cárceles, «esta política abrió las puertas para el desenfreno del secuestro local, cuando antes sólo se secuestraba en la frontera y lo hacían las FARC y el ELN. Esta impunidad oficial que marco este gobierno, le dijo a nuestros delincuentes que el secuestro era un buen negocio», agregó.
Por otro lado, Marcos Tarre Briceño recordó que las llamadas zonas de paz, que «sin lugar a dudas dieron origen a las megabandas criminales», fueron impulsadas en 2013 durante los primeros meses del gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del llamado Movimiento por la Paz y por la Vida.
«El viceministro designado para ésto, José Vicente Rangel Avalos, hasta se fotografió con delincuentes con la cara tapada y armados. Se perdió el principio de autoridad del Estado, y todo esto se hizo sin objetivos claros», destacó el criminólogo.
Las consecuencia de toda esta situación es el aumento del hecho delictivo de manera general, lo que se refleja en datos concretos como que «hasta 1999 nosotros tenemos contabilizadas 14 modalidades distintas de delincuencia organizada, que iban desde tráfico de droga, sicariato, secuestro, hurto de vehículos, etc. Pero desde ese año esos delitos no sólo se potenciaron, sino que además aparecieron 11 nuevas modalidades», concluyó Tarre Briceño.
OLP y guerra a muerte
Aunado a la política de tolerancia del delito, que también se refleja en la falla masiva de los mecanismos institucionales dirigidos a controlar la función policial, Tarre señala la aplicación sucesiva de planes de seguridad improvisados e ineficientes.
«A la Asamblea Nacional con mayoría oficialista hasta diciembre de 2015 no le importó saber por qué no funcionaron los planes de seguridad ciudadana aplicados por el Ministerio del Interior. No ejerció ni una sola acción de control legislativo», subrayó.
El último de ellos, la Operación para la Liberación del Pueblo o OLP (donde organizaciones de derechos humanos como Provea y Amnistía Internacional afirman que han conducido a ejecuciones extrajudiciales), ha dado lugar a más violencia. En este escenario, en los primeros cuatro meses de 2016 fueron asesinados más de 30 policías y militares tan sólo en la Gran Caracas.
«No tengo la menor de que las OLP han sido un factor determinante en la escalada de violencia o especie de guerra a muerte entre delincuentes y el Estado», concluyó.
