El diputado Guillermo Palacios considera que por un acto inhumano, inconstitucional, arbitrario y reaccionario del Gobierno Nacional presidido por Nicolás Maduro, el beneficio social del cesta ticket y del bono de alimentación aprobado por la Asamblea Nacional mediante Ley, con el cual los jubilados y pensionados del país se han ganado con esfuerzo, lucha y trabajo, será declarado nulo por la Sala constitucional.
“En la última sentencia de la Sala de la inmoralidad, relacionada con la modificación del Reglamento Interior y de Debates en el año 2010, el gobierno aprovechó para aprobar por esta vía una disposición mediante la cual las decisiones judiciales de esa sentencia alcanzaran a aquellas leyes que se hubiesen sancionado con anterioridad a este fallo criminal, aludiendo directamente a este instrumento legal, y que coloca en indefensión total a uno de los sectores más débiles de la población venezolana que son los jubilados y pensionados, desconociendo un derecho social alcanzado por las luchas libradas por estas organizaciones y por sus integrantes”, expresó Palacios.
Explicó que el gobierno niega a los pensionados y jubilados del país los recursos para este beneficio que es ínfimo para el nivel del costo de la vida actual, donde tampoco se consiguen los alimentos y medicinas, mientras que utiliza los recursos de los venezolanos para satisfacer necesidades de otros países mediante los acuerdos internacionales, como por ejemplo para Cuba. Además de los gastos suntuarios de los principales funcionarios del gobierno y sus familiares, sumado a todas las denuncias de corrupción que los rodea.
“Por cierto esta sentencia fue dictada en un día no laborable y por un magistrado ponente que fue Diputado de la Asamblea Nacional y corresponsable de las violaciones de los derechos humanos de los venezolanos, que se refiere a una demanda por inconstitucionalidad ejercida en el año 2011 por algunos de los representantes de la MUD en contra de la modificación del Reglamento Interior y de Debates aprobada por el gobierno a finales año 2010 para que cuando llegáramos los Diputados de la Alternativa Democrática en el año 2011 nos encontráramos con una mordaza parlamentaria y no se pudiera hablar, lo cual fue demandado por inconstitucionalidad por nuestros legisladores”, señaló.
Recordó que en cinco años al TSJ no le pareció que la mayoría del Gobierno en la AN estaba ejerciendo inconstitucionalmente la acción parlamentaria, pero bastó que el pueblo venezolano se decidiera a cambiar, para aprovechar criminalmente esta acción con la intención de perjudicar los intereses de un pueblo que se expresó libremente el 6 de diciembre del 2015 y que hoy el gobierno pretende vulnerar con estas y otas acciones que ha tomado.
