Incurren en violación de los Derechos Humanos y del mismo modo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela todos aquellos funcionarios que proceden, como ya ha ocurrido en Barquisimeto y Carora, a la detención de personas por el solo hecho de que éstas protesten en las colas que forman para adquirir alimentos a las puertas de supermercados o mercados.
Coinciden en tal afirmación los profesionales del Derecho Domingo Montes de Oca Martínez, defensor de los Derechos Humanos y presidente del concejo de Torres; Macario González, exalcalde de Iribarren, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara; y Ramón Pérez Linárez, exjuez y especialista en Derecho Penal.
Maltrato de los militares
Nosotros, expuso el doctor Montes de Oca Martínez, en tres sesiones del concejo hemos hecho exhortos a la Fuerza Armada Nacional y al propio comandante del Fuerte Manaure.
– Además de producir detenciones, que afortunadamente por la presión que hemos ejercido en Torres no se han vuelto a producir, se produjeron maltratos.
– Aquí se están quebrantando varios Derechos Humanos, entre ellos la manifestación pública, pacífica, sin armas, que nos garantiza la Constitución en su artículo 68, el cual prohíbe a los funcionarios reprimir con armas y sustancias tóxicas.
La Constitución también garantiza la alimentación y la calidad de vida, que es un derecho reconocido y contemplado en tratados internacionales.
La alimentación está contenido en el artículo 50 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y data del año 1948 o lo que es lo mismo, que tiene vigencia desde hace 68 años. Sin embargo, se está vulnerando todos los días en Venezuela.
Aparte de eso, se están produciendo tratos crueles y, por tanto, inhumanos. En Carora llegaron al extremo de tomar el centro de acopio de Mercal bajo el dominio de los soldados del Fuerte Manaure y nadie podía circular alrededor de 200 metros de la periferia de esa instalación y ponían a la gente a correr. Incluso a personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez y hasta ancianos, cuando a estas personas tenían que darles mayor protección.
– Estas son actuaciones de un gobierno violador de los Derechos Humanos y las denuncias fueron formulada a través de un informe aal presidente de la Asamblea Nacional.
– Es oportuno hacerle un llamado a la Defensoría del Pueblo, por cuanto su misión es detener estas tropelías que se cometen contra gente indefensa.
– Aunque la protesta sea acalorada, que la gente profiere gritos, siempre que sea pacífica, está dentro de las garantías constitucionales. Importante es la organización comunitaria para que no sean vulnerados sus derechos.
– Y si los funcionarios van a poner presos a quienes protesten por la falta de alimentos, tendrán que poner presos a todos los venezolanos porque todos estamos padeciendo el mismo problema y, naturalmente, protestando contra esta situación.
Réplica del régimen cubano
Estamos ante un régimen que se caracteriza por reprimir y violentar derechos ciudadanos, declaró Macario González. No admite que la gente reclame cuando se siente afectada, como ocurre al pasar seis, siete, ocho o más horas en una cola esperando comprar alimentos y generalmente no puede obtenerlos, porque es insuficiente el suministro.
– El país está siendo convertido en cuarteles, donde la gente debe permanecer firme y no ser deliberante.
– Pero, la protesta surge porque la gente se desespera. El desabastecimiento es uno de los tantos problemas que el gobierno ha creado como consecuencia de las expropiaciones, la inseguridad jurídica, la incompetencia para generar bienes de consumo masivo y la imposibilidad de seguir importando por carecer de dólares.
– Así como pasa con la falta de alimentos ocurre con la escasez de medicamentos, las baterías y los cauchos.
– El régimen recurre a la fuerza bruta como la forma más fácil de acallar a la población, siguiendo el guión cubano que impera en la isla del Caribe, donde la gente vive en la miseria pero no puede protestar porque es detenida y condenada a presidio.
Con represión no hay solución
Ya se han hecho frecuentes las detenciones de personas que tratan de conseguir alimentos y protestan por no obtenerlos, manifestó el doctor Pérez Linárez. El régimen procede a la represión alegando alteración del orden público. El país está angustiado por la falta de alimentos, medicinas y otros bienes.
– Los funcionarios uniformados, sobre todo militares que han sido encargados para retirar las cédulas de los interesados en adquirir alimentos y cumplir labores de orden público, recurren a la represión, violentando derechos humanos.
– Y esto está ocurriendo porque ya la gente se ha cansado de esperar que el problema del desabastecimiento sea resuelto.
– Lo que persigue el régimen es amedrentar a la sociedad para que no se manfieste contra esta situación de falta de alimentos, medicinas, gas y los servicios públicos, que han colapsado en todas partes como consecuencia de erradas políticas.
– No se puede detener a las personas por esas causas. Al contrario, hay que atacar los problemas y para eso tiene que cambiarse el modelo político y económico, porque si no hay producción de bienes, estos no pueden aparecer como por arte de magia.
– Con tratar de mantener callada a la gente es imposible resolver unos problemas porque con represión no hay solución.
– Estos problemas se agudizarán porque las medidas que se toman no son las convenientes, ya que lo imperioso es producir.
