Desde que Nicolás Maduro asumió el poder por voluntad de Hugo Chávez moribundo, el gobierno profundizó la violación de los Derechos Humanos, y le puso un cerrojo a todos los presos políticos, dejando claramente sentado que en Venezuela el diálogo entre el alto gobierno y la oposición, se hace imposible, porque existe un régimen autoritario, que concentra todos los Poderes Públicos en el Ejecutivo, con la excepción de la Asamblea Nacional después del 6 de diciembre del 2015, y considera que sus políticas, a pesar de la crisis económica, social y política que han generado, pueden y deben ser impuestas mediante la manipulación de las leyes y de ser necesario apelando a la violencia.
El autoritarismo de Nicolás Maduro le ha dado un giro a la política oficial, a tales extremos que no sólo no se reúne con la oposición política, sino que rompió todo diálogo con el mundo económico y social independiente, y se ha limitado a dirigirse a los suyos para exigir obediencia a sus políticas desastrosas.
Los pasos que ha dado para un supuesto diálogo con el sector empresarial estableciendo mesas en las que sólo se sientan algunos empresarios y representantes oficialistas, ha dejado la crisis en los mismos niveles de la falta de producción y por lo tanto del desabastecimiento, el alto costo de la vida y la pobreza en general. Y aunque últimamente se ha reunido con la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica, todo se queda en el saludo y el gesto protocolar, sin avanzar hacia la solución de la crisis nacional. Y aunque cada día es mayor su desprestigio, se sigue negando a establecer un diálogo con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que hoy representa el 80% o más del electorado nacional.
Estos hechos revelan lo complicado y difícil que es creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del Presidente República, que busca su legitimación, casi perdida, en el exterior, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá resolver la presente crisis.
En nuestro país no hemos escalado a una guerra civil, porque la mayoría de los venezolanos es democrática y busca soluciones pacíficas y constitucionales, pero existen peligrosas manifestaciones de violencia en los barrios populares entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa común que también amenaza a la clase media y a toda la población. Sin embargo, ese estado de permanente violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en nuestra opinión requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.
Y aunque más de 30 expresidentes y Jefes de Estado del mundo democrático han llamado a un diálogo nacional, y han solicitado la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados, el gobierno profundiza el autoritarismo, lo que indica que todavía existe un largo trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo.
Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión, respaldar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su agenda política de la Enmienda y El Revocatorio del mandato del Presidente, sin descartar un gran diálogo constitucional, entre representantes del gobierno, disidentes, independientes y miembros de la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Cualquiera sea la conducta del Presidente y de su incapacidad para seguir al frente de la nación y resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de los venezolanos, los demócratas, tal como lo ha expuesto la MUD, debemos seguir indisolublemente vinculados y apegados al texto de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
