A la luz de lo ocurrido en las últimas semanas, en el país pareciera cuesta arriba alcanzar un acuerdo nacional, sobre todo porque el gobierno, el principal responsable de tender puentes entre las partes en conflicto, ha dado muestras de no estar dispuesto al diálogo. El Ejecutivo con el apoyo irrestricto del TSJ decidió anular todos los actos e iniciativas de la Asamblea Nacional, atizando el clima de crispación política del país.
El último acto de este peligroso enfrentamiento ha sido la sentencia de inconstitucionalidad del TSJ de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada recientemente por la Asamblea. Leyes de esta naturaleza han sido fundamentales en América Latina, cuando los conflictos políticos generaron guerras fratricidas y gobiernos autoritarios que culminaron en difíciles procesos de negociación en la búsqueda de la reconciliación. La amnistía significó el primer paso para que los enemigos políticos comenzaran a mirarse cara a cara.
Estamos enfrentando una situación muy grave. En Venezuela se ha producido por segunda vez en treinta años, la desconexión total del gobierno con la sociedad. Ocurrió a mediados de los años ochenta con la crisis del modelo rentista, situación que desembocó en los golpes de Estado de 1992 y la elección de Hugo Chávez como presidente.
Los partidos tradicionales implementaron tardíamente algunas reformas que produjeron el colapso del sistema basado en la conciliación de élites. La segunda vez es ahora, cuando la élite cívicomilitar que sustituyó a Acción Democrática y Copei, ignora las dramáticas señales de que el modelo económico y político se agotó y conduce el país de espaldas a los deseos de cambio de la mayoría.
No obstante, las vías para un gran acuerdo nacional no están agotadas, a pesar de que el gobierno nacional cerró todas las opciones para el diálogo político, y apuesta por una intensificación de la polarización. Las mediciones de opinión pública más confiables como Datanálisis e IVAD, indican que la sociedad transita por el camino contrario.
Los venezolanos avanzamos hacia la despolarización y deseamos que el gobierno dialogue con los empresarios y la oposición para resolver los problemas del país.
Ante este dramático panorama los actores agrupados en torno a la Mesa de la Unidad Democrática deben trabajar más intensamente para lograr un proceso de diálogo nacional que trascienda de la alianza de partidos y abarque organizaciones civiles, empresariales e incluso religiosas. Para esto es fundamental redoblar el trabajo político en las comunidades y a pesar del cerco institucional, seguir insistiendo en una solución electoral vía referendo revocatorio.
El sentido de la urgencia pasa por reflexionar sobre la posibilidad de solicitar formalmente ayuda internacional para mediar para que el gobierno acepte el inicio del diálogo. En el Salvador y Guatemala las Naciones Unidas tuvieron un rol fundamental de mediación, mientras que en Chile, país en el que el propio Pinochet decretó una amnistía, el camino hacia el diálogo provino del gobierno.
De acuerdo con la experiencia de nuestros países, un cambio de gobierno por la vía electoral no significa necesariamente un cambio en las reglas del juego del sistema político y la apertura hacia la democratización. Esto es, se requiere de reformas institucionales profundas que garanticen la independencia y el fortalecimiento de los poderes públicos. Estamos hablando entonces de acuerdos éticos mínimos entre los ciudadanos para lograr que la democracia funcione.
Venezuela ha pagado un alto precio por separar la política de la ética. Si se persiste en el mismo error y la agenda opositora se circunscribe a salir de Maduro, corremos el riesgo de que el mesianismo y la antipolítica se impongan de nuevo.
Si existe un consenso en nuestra sociedad sobre el diálogo es conveniente que la oposición tome la iniciativa de tender puentes, pero no con el alto gobierno, sino con las bases chavistas, y las organizaciones sociales y políticas como Marea Socialista que han expresado públicamente su desacuerdo con el gobierno.
El chavismo no es monolítico y millones de ciudadanos que alguna vez creyeron en la revolución bolivariana hoy están sufriendo las penurias que ha impuesto el gobierno a todos los venezolanos. Es imperativo que chavismo y oposición allanen el camino hacia la despolarización e inicien la reconstrucción del tejido social.
