En esta oportunidad deseo referirme a una situación sumamente delicada que atenta de manera puntual contra la libertad de expresión, y al derecho que le asiste a la población a tener medios de comunicación libres, críticos e independientes.
Durante estos 17 años de gobierno autoritario y militarista siempre sus dirigentes se han planteado la necesidad de implantar una hegemonía comunicacional que le permita al régimen controlar el espacio informativo.
Es así como decidieron establecer una estrategia que involucra a los medios radioeléctricos, audiovisuales e impresos, con cualquier cantidad de intentos como las continuas, larguísimas y tediosas cadenas de radio y televisión, así como los mal llamados medios comunitarios.
Continuando con este obstinado despropósito se hicieron presentes las expropiaciones, cuyo caso más emblemático fue el de RCTV, canal pionero de la televisión venezolana. Aparecieron luego numerosos medios de todo tipo, con una marcada inclinación hacia el sector oficialista.
Sin embargo, toda esta serie de iniciativas no les brindaron los frutos esperados, dada la poca calidad de su contenido, la falta de profesionalismo de los personajes involucrados, el sesgo político mostrado y la negativa aceptación obtenida en el conglomerado venezolano.
No obstante, el gobierno nacional nunca bajó la guardia y esta vez enfiló sus baterías en perjuicio de los medios privados. En el caso de los medios radiofónicos y audiovisuales sus concesiones son propiedad del Estado, que autoriza su uso a través de Conatel. Una gran cantidad de estas concesiones se encuentran vencidas y sin fecha cierta de posible renovación. Otros medios fueron adquiridos por afectos al régimen.
En el caso de los impresos la estrategia fue concebida a través del otorgamiento de las divisas solicitadas al Simadi para la adquisición de los insumos necesarios tales como papel, tinta, planchas de impresión y otros, fabricados en el exterior. Se llegó al extremo de crear un organismo estatal, la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, único ente autorizado para intermediar la compra de esos insumos.
Fue a partir de esa burda maniobra cuando los medios impresos comenzaron a transitar un calvario, puesto que esta institución gubernamental actúa como una especie de tribunal inquisidor, aplicando una disimulada censura a aquellos medios críticos, mediante la negativa o el premeditado retraso en la entrega de las bobinas de papel solicitadas y pagadas.
Como es del conocimiento público, ya varios medios impresos han sido víctimas de esta vil y vergonzosa práctica, propia de quienes buscan establecer una dictadura mediática. Ese es el caso de los diarios El Nacional, El Carabobeño, La Mañana, Correo del Caroní, Tal Cual, Metropolitano. En total 21 periódicos han dejado de circular y alrededor de 80 próximos a detener sus rotativas.
Ahora bien, las alarmas se han encendido ante el anuncio de la crisis de papel, que sólo alcanza para escasos 15 días en el caso del diario EL IMPULSO, Decano de la Prensa Nacional, con una historia viva de 112 años ejerciendo un periodismo crítico, independiente, e informando de manera veraz, imparcial y objetiva, tal como fue y ha sido concebido por la familia Carmona y esa pléyade de excelentes profesionales que conforman su plantilla de personal, junto a colaboradores y amigos.
Para finalizar, queremos reiterarles a la gran familia del diario EL IMPULSO y a esa enorme legión de seguidores y lectores, nuestro irrestricto apoyo y compromiso de acompañarlos en esta crucial batalla por la estabilidad, supervivencia y futuro de nuestro centenario diario. Nada ni nadie podrá influir para modificar su digna y acertada línea editorial y tal como lo afirmaran recientemente: “No es posible ser medio libres ni medio ciudadanos”. Valor y pa´lante.
