Un año tardaría el Consejo Nacional Electoral para concretar el proceso revocatorio del presidente de la República, solicitado por la Mesa de la Unidad Democrática, afirmó el abogado constitucionalista afecto al oficialismo, Hermann Escarrá.
De acuerdo con el jurista, esto se debe a que las elecciones regionales retardarían los lapsos del proceso, y a la necesidad de “blindar” la legitimidad de los convocantes.
“Las firmas, como producto de experiencias pasadas, deben ser recogidas con mucho cuidado y atención, para no entrar en irregularidades como planillas sin firmas, firmas planas, sino mas bien que la iniciativa popular se concrete. Para que eso ocurra no es viable hablar de los seis meses que propuso el presidente de la Asamblea Nacional (…) No olvidemos que en noviembre o diciembre son las elecciones de gobernadores, y yo presumo que eso lo deben estudiado los estrategas de este referendo para que no se produzca un choque”, manifestó el jurista en el marco de una entrevista transmitida por Globovisión.
Escarrá recordó que de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución, una vez llenas las planillas para activar el proceso, se requerirá el 20% del padrón electoral, igual a unos 4 millones de votantes, para convocar el referendo. Pero antes de llegar a esto interfieren muchas circunstancias.
“En el supuesto de que los otros sectores no presenten amparos constitucionales, recursos de nulidad, control de constitucionalidad, revisión en sede administrativa, en ese supuesto deja un espacio muy considerable para reunir legal y efectivamente para esos 4 millones de solicitantes, y después vendría el proceso de evaluación que corresponde hacer al CNE la convocatoria. Es un procedimiento muy interesante la verdad es que es sencillo si se hace en el cauce de la constitucionalidad, pero de ninguna manera se puede decir que se hace en dos meses y medio o seis meses. Yo diría que en el mejor de los casos sería un promedio de un año”, reiteró.
AN no puede enjuiciar a Maduro
Sobre la experiencia de Brasil, que contempla el enjuiciamiento político de su presidenta por su presunta participación en actos de corrupción, Escarrá aseguró que de presentarse una situación similar en Venezuela, la primera palabra la tiene el Tribunal Supremo de Justicia.
“Tiene que haber un pronunciamiento jurisdiccional, tienen que respetarse las garantías judiciales tanto internacionales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana, como la propia Constitución. Es una especia de juicio, una vez producida la decisión, entonces inmediatamente la Asamblea Nacional es cuando lo puede llevar a su debate correspondiente”, manifestó.
