Ante la crisis política, social, económica y moral que atraviesa el país, como consecuencia de un intento de imponerles a los venezolanos un régimen autoritario, al estilo del cubano de los hermanos Castro, dirigentes de la Alternativa Democrática intentan sentar las bases de lo que debería ser un gobierno de unidad nacional que represente a sectores democráticos del chavismo y de la oposición, a pesar de las provocaciones del TSJ del madurismo.
Un gobierno de unidad nacional deberá orientarse en primera a cerrarle el paso a todo intento de desconocimiento de los resultados electorales e incluso de posibles conspiraciones en las filas de la institución armada, por algunos oficiales que participaron en los frustrados golpes de estado del 4 febrero y del 27 de noviembre de 1992, que no convengan en aceptar la democracia como el gobierno que exige la mayoría de la población, y que ha servido de plataforma a los países civilizados para impulsar su desarrollo y bienestar.
Un pacto de gobernabilidad debe en segundo término llamar a la reconciliación de todos los ciudadanos, civiles y militares, incluyendo a muchos de quienes han apoyado o se han visto obligados a solidarizarse con políticas antidemocráticas del gobierno de Nicolás Maduro. La democracia es también una escuela de pedagogía política, que en países subdesarrollados, dominados durante siglos por caudillos militares, gobernantes personalistas, han creado una cultura de obediencia ciega, prácticas ilegales, reparto y saqueo de las riquezas nacionales, por lo que se impone además de una política de castigo, de acuerdo con la legislación vigente, a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, también un política de educación para la vida en democracia.
En tercer lugar emprender una gigantesca tarea de reconstruir un país, destruido en su infraestructura física, institucional y ética, para lo cual se requerirán varios períodos de gobierno unitario.
Las autopistas y carreteras, escuelas, liceos y universidades, construidas durante décadas, desde que el petróleo comenzó a aportar grandes cantidades de divisas en dólares, han sido destruidas por falta de mantenimiento en los 16 años de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Las empresas de Guayana, donde se comenzó a sembrar el petróleo, son hoy inauditables, lo mismo que Pdvsa.
Y aunque es verdaderamente grave lo que ha pasado con la infraestructura física, todavía podemos decir que es factible encontrar recursos económicos para reconstruirla, tal vez haya algo mucho deteriorado, porque toca la cultura política, como la dependencia de todos los Poderes Públicos, del Ejecutivo, de Miraflores, de un Presidente que gobierna como si la nación fuera un cuartel que obedece a su comandante.
En cuanto a la institución armada, hay que despolitizarla, para que no dependa de una tendencia política ni de personalidad alguna, tal como lo establece la Constitución Nacional vigente. No puede ser sometida, por razones de obediencia, a vitorear consignas como «chavismo, socialismo, antiimperialismo», como ha sucedido desde el gobierno de Hugo Chávez. Debe recuperar la institucionalidad y la meritocracia en los ascensos y ejercicio de cargos de jerarquía.
La Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben estar en manos de hombres o mujeres de probada independencia de partidos políticos y del Poder Ejecutivo, que en los últimos tiempos se ha convertido en un instrumento para atropellar derechos de los ciudadanos y cohonestar directa o indirectamente la corrupción administrativa y, algo más grave, la delincuencia organizada que ha penetrado casi toda la administración pública.
En síntesis, la ética política tiene que ser recuperada y colocada por encima de intereses personales o de grupos políticos e incluso privados. La libertad de conciencia y la libertad de expresión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación, debe garantizársele a todos los venezolanos. El imperio de la ley debe ser ejercido por el Poder Judicial, sin distingo de posiciones políticas, económicas o sociales de quienes la infrinjan.
Si el madurismo no se aviene a una reconciliación para un gobierno plural, la mayoría democrática de la Asamblea Nacional, tendrá que convocar a una Asamblea Constituyente, que designe a los representantes de los Poderes Públicos que no son electos por el voto universal, directo y secreto.
