Como una falta de respeto hacia los venezolanos y una violación a la Constitución calificaron dirigentes de Voluntad Popular el programa que viene desarrollando el Golbierno Nacional con la entrega de bolsas de comida.
Este jueves, un grupo de ellos, en su mayoría de la juventud, acudió a la Defensoría del Pueblo para hacer entrega de un documento solicitando la eliminación de ese plan.
“Con ese plan, manejado por las UBCH, el gobierno pretende quitar los pocos mendrugos que podemos conseguir los venezolanos. Además de representar una discriminación pues esas bolsas con algunos productos solamente las entregan a quienes llenen unas planillas en las que, directa o indirectamente, aparecen vinculados al oficialismo, además de demostrar estar en desacuerdo con la Ley de Amnistía elaborada por la Asamblea Nacional”, dijo Alexander Camacho, coordinador regional de la organización.
Manuel Gómez, secretario juvenilo de VP, por su parte, informó sobre el inicio de una campaña para desenmascarar lo que ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Tres años de mentiras. Tres años de desabastecimiento”, son algunos de los lemas de la misma.
Camacho reiteró que esas entregas de bolsas con comida, que ya ha generado problemas en otras entidades, especialmente en Yaracuy, no resuelven los problemas que tienen los venezolanos para adquirir los principales rubros de la cesta alimentaria, además del aprovechamiento del hambre para hacer proselitismo político a favor del partido de gobierno.
Con algunas pancartas, los jóvenes de Voluntad Popular se apostaron frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, llamando la atención de los transeúntes, muchos de los cuales se solidarizaban con ellos.
El abogado Alexander Camacho informó que en el documento a ser entregado en ese organismo se pide también una investigación a quienes dirigen Mercal o Proal en Lara por la ejecución de ese programa que violenta la Constitución en lo que se refiere a la obligación del Estado a garantizar la alimentación de la ciudadanía sin discriminación de ningún tipo.
Igualmente, se le pide a la defensora, Elba Iris Rodil, instruir a los funcionarios responsables de los mismos sobre el delito en que podrían estar incurriendo con la repartición de esas bolsas de comida pues el Ministerio Público estaría obligado a investigarlos.
La pequeña manifestación se llevó a cabo sin ninguna alteración del, orden público, e incluso, el tránsito por la carrera 21, frente a la Defensoría del Pueblo, circuló con normalidad mientras se registró la misma.
