El ex ministro de Energía Eléctrica y Educación Superior, Héctor Navarro, reiteró ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), la “voluminosa pérdida” de recursos que estaban destinados para la compra de alimentos, medicamentos e insumos.
Agregó que se perdió tanto dinero que obligatoriamente se tiene que hablar de una pérdida patrimonial que alcanza, por lo menos, los 300 mil millones de dólares.
Destacó, según lo publicado en el portal Web de la AN que en los años 2012 y 2013 el gobierno perdió entre 20 y 60 millardos de dólares. En este sentido, recordó que la misma ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, notificó en agosto de 2013, que se habían perdido las divisas a través de las llamadas “empresas de maletín”.
En la mencionada reunión ordinaria el ex funcionario del gobierno del presidente Hugo Chávez, consignó un CD contentivo de las denuncias realizadas y aseguró que las mismas fueron presentadas en septiembre del año pasado al Consejo Moral Republicano con el objeto de que se abriera una investigación.
“Cabe destacar que dicha investigación fue rechazada”, indicó Navarro al tiempo de destacar que le duele mucho lo que está ocurriendo en el país porque todo ello pone en riesgo la revolución”, dijo.
A juicio de este ex funcionario público dijo que la población no va a entender cuando le expliquen por qué no hay comida y medicamentos. Indicó, además, que Venezuela no es un país de “pillos” y que lo que sucede es que esos pillos se apoderan de las cosas y de los instrumentos.
Reiteró que la “Plataforma de Auditoría Ciudadana”, grupo al cual representa, también ha venido haciendo denuncias similares ante la Comisión de Contraloría del Parlamento. En este sentido Navarro puntualizó que las denuncias no vienen solo de él, si no que fueron confirmadas por los organismos del Estado.
«Incluso el anterior presidente de Cadivi, José Khan, notificó que entre 400 y 500 empresas participaron en esta irregular repartición», agregó.
«La Ley contra la Corrupción estaba aprobada en primera discusión por el Parlamento anterior, pero fue engavetada», indicó además de recordar que dicho instrumento tomaba en cuenta el conflicto de intereses de los funcionarios y empresarios que salían de sus cargos y continuaban en la dirigencia de las compañías públicas. «Esto es un despotismo», dijo.
