Pese a que la violencia física en el interior de las prisiones ha disminuído en los últimos dos años, este problema se trasladó a los centros de coordinación policial, que se han visto congestionados debido al cierre de viejos establecimientos carcelarios.
El año pasado se produjeron 14 muertes en estas celdas «temporales», mientras que 172 detenidos lograron fugarse exitosamente y evadir la justicia debido a las escasas garantías de seguridad de estas estructuras.
Así lo afirmó el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien este martes ofreció una rueda de prensa para presentar el informe anual 2015.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (única organización pública o privada que da cifras al respecto) registró en 2015 un total de 191 muertes violentas en el interior de las cárceles. Esto representa una disminución considerable en comparación con las 309 de 2014, y más aún con los 506 y 591 de 2013 y 2012, respectivamente.
Para Prado, es un efecto de la aplicación del Nuevo Régimen Penitenciario iniciado en 2012 por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero no considera que la medida sea positiva porque la otra cara de la moneda, afirmó, es la violación de derechos humanos y el aumento del hacinamiento en los centros de detención preventiva.
«La responsabilidad se le ha trasladado a los centros de coordinación policial y eso ha traído como consecuencia que en los centros de reclusión ha bajado el hacinamiento, más sin embargo ahorita estas personas se encuentran más encerradas, obligadas a hacer orden cerrado. Hay que resguardar la vida de los privados de libertad, pero no tiene sentido porque no puedes hacerlo a costa de violar sus derechos», señaló Prado.
Las «temporales»
Prado resaltó que los centros de arresto preventivo estan diseñados para albergar a 20 o 30 detenidos durante un máximo de 96 horas, pero en la actualidad contienen a 300 por mucho más tiempo, porque no hay cabida en los lugares donde deberían estar. El OVP calcula que actualmente hay unos 22 mil reclusos en comisarías, incluyendo a penados.
«Según la ley es el juez quien fija el centro de reclusión al ratificar una medida privativa de libertad, pero actualmente son los policías de donde se encuentra el detenido quienes tienen que gestionar el «cupo» ante el Ministerio Penitenciario», manifestó el activista.
«Tenemos personas en las comisarías que tienen hasta 3 años, y en las prisiones más de 5 años sin ser juzgados, lo que refleja el enorme retardo procesal», recalcó. Otro dato de este informe señala que la población de procesados es 30% superior a la de penados.
«Una justicia a desatiempo no es justicia», sentenció Prado.
Es importante destacar que las cuerpos policiales no tienen presupuesto asignado para mantener a una población tan grande, por lo que esta tarea recae en los familiares, si estos existen. Las malas condiciones determinaron que el año pasado se presentaran 12 motines, una huelga de sangre, 14 homicidios, y que se fugaran más del doble de los 55 detenidos que se evadieron en 2014.
