El alcalde Alfredo Ramos anunció que se honrarán los compromisos salariales de los trabajadores dependientes de la municipalidad con recursos propios de la alcaldía, ante los pocos recursos enviados por el Ejecutivo nacional.
Adelantó que el viernes 15 se efectuará una convención de alcaldes de la Unidad Democrática en Mérida, en la cual se abordará la no entrega por parte del Gobierno nacional de los recursos para cubrir el salario mínimo y el bono de alimentación en gobernaciones y alcaldías.
“El déficit presupuestario que nos generó el aumento del salario mínimo y el bono de alimentación está por el orden de los 750 millones de bolívares. El Gobierno sólo envió 83 millones de bolívares que son del situado constitucional, que como la ley establece, deberían ser utilizados para inversión o para la partida 401”.
La municipalidad decidió utilizar todos esos recursos para la partida relacionada con el personal, la 401. Con esos recursos ni siquiera se cubre el incremento del salario mínimo, mencionó el mandatario.
“Decidimos utilizar recursos propios de la alcaldía para abordar algunos compromisos que tenemos con los trabajadores de Iribarren”.
A partir del 1º de mayo será cancelado el salario mínimo establecido por el Gobierno nacional en marzo, que será pagado con retroactividad y sus incidencias en aguinaldos, horas extras y demás beneficios socioeconómicos para los trabajadores de la alcaldía.
En total, se trata de más de 172 millones de bolívares que la alcaldía aprobó para honrar algunos compromisos salariales.
Queda pendiente el tiket de alimentación, el cual genera un déficit cercano a los 500 millones de bolívares para la alcaldía y entes de la municipalidad.
“Progresivamente iremos cumpliendo con los compromisos”, prometió.
Indicó que el jueves el director de presupuesto viajará a Caracas para entregarle a varios entes nacionales una serie de documentos en los cuales se plantea el déficit de la alcaldía producto del incremento del salario mínimo y el bono de alimentación.
“El Gobierno nacional, a pocos días del 1º de mayo, cuando seguro habrá otro aumento, sigue sin enviarle los recursos a las Gobernaciones y alcaldías, lo cual ha producido un daño a los municipios porque los recursos para inversiones se van en nómina”.
Por otra parte, expresó que Venezuela está al borde de un estallido social si no se toman prontas medidas económicas.
Los servicios públicos están el suelo, el transporte público pronto se paralizará. El único responsable es el gobierno.
Ramos también se refirió a la decisión del TSJ, al declarar la Ley de Amnistía como inconstitucional.
“Este mecanismo busca la reconciliación y la libertad de los presos políticos en Venezuela. Nuevamente el TSJ se pone de espalda a la voluntad del pueblo que se expresó el 6D, desconociendo una ley legítima. El TSJ es una oficina jurídica del Gobierno nacional”.
Afirmó que “los poderes públicos tienen una cayapa contra una legítima AN”.
