El Tribunal Supremo de Justicia declaró “inconstitucional” la Ley de Amnistía y Reconciliación que aprobó a finales de marzo la mayoría opositora de la Asamblea Nacional y que buscaba liberar a varias decenas de presos políticos’.
La normativa, que no contaba con el respaldo del gobierno, fue enviada la semana pasada al TSJ por el presidente Nicolás Maduro para que la declarase “inconstitucional».
En un mensaje divulgado el lunes a través de su cuenta en la red social de Twitter, el máximo tribunal anunció que: ”Por unanimidad la Sala Constitucional del TSJ declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la AN».
El dictamen se produjo 13 días después de que la Asamblea Nacional aprobó el texto legal que contemplaba una amnistía para los llamados ”presos y perseguidos políticos» de los últimos 17 años, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
La legislación exceptuaba de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y a las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Horas antes durante un acto gubernamental en el palacio de gobierno, Maduro afirmó que la ley de amnistía ”no va», afirmando que ese instrumento legal es ”ley de amnesia criminal y de impunidad».
”Es una Ley que perdona los delitos. Ellos (los opositores del gobierno) confiesan en la ley ser los autores de todos los intentos de desestabilización que ha vivido Venezuela desde 1999 hasta el 2015. Pretenden dejar sin efectos los artículos del Código Penal Venezolano», indicó el mandatario en un acto de conmemoración del golpe de Estado que desalojó por 47 horas al fallecido presidente Hugo Chávez.
El Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al revertir otras leyes aprobadas por el actual Legislativo, en un abierto enfrentamiento entre poderes.
La ley fue una de las promesas electorales que promovió la coalición opositora durante la campaña de elecciones parlamentarias de diciembre pasado.
Entre las figuras más emblemáticas que se beneficiarían con esta ley está Leopoldo López, quien en 2015 fue condenado a casi 14 años de cárcel tras ser acusado de promover violentas protestas en febrero del 2014
