Ciudadanos del municipio Achaguas, en Apure, denunciaron por las redes sociales un hecho que se suscitó mientras representantes de la alcaldía llevabando a cabo la venta de productos regulados: para despachar los productos, debían firmar una lista en rechazo a la ley de amnistía.
El hecho fue grabado por uno de los afectados. Se muestra a una dama vendiendo productos regulados bajados desde un camión y, a su vez, recolectando firmas en una lista que, al parecer, es una “propuesta para negar la ley de amnistía”, según comenta quien graba el video. La dama molesta por ser grabada intenta quitarle el celular al denunciante y le dice: “No tiene derecho de grabarme”, a lo que responde la afectada que sí lo hará “para que les de vergüenza lo que están haciendo con el pueblo”.
Se puede ver en el video a personas ajenas a la discusión que se quejan y reclaman por esta anomalía, gritando “abusadores, sinvergüenzas”.
El hecho ocasionó un escándalo en las redes sociales, ya que personas de todo el país denunciaron este problema partiendo desde la situación política que atraviesa Venezuela respecto a la distribución de productos regulados. Radamés Graterol, politólogo, especifica que esto se suscita por la “reacción desesperada del gobierno para ganar adeptos bajo presión”. Al mismo tiempo indica que es un mecanismo de control social que implementa el gobierno tras la drástica pérdida del voto popular.
Por otra parte Joel Rodríguez, abogado, reseña: “Cuando estás pidiendo que la gente firme y no le das la comida porque tiene que firmar en contra de un ente, es evidente que estamos en presencia de un acto de corrupción”, indicó que es una especie de chantaje, una forma de comprar la conciencia del ciudadano.
“El venezolano, en vista de la situación actual, se ve obligado a firmar”, haciendo hincapié en la difícil situación para adquirir productos regulados. En este sentido acota que evidentemente se está violando el artículo 68 de la ley contra la corrupción, el cual está penado de 1 a 3 años de cárcel, categorizó el hecho como uno “de los peores actos de corrupción que pueda haber dentro de la sociedad venezolana”, describiendo el hecho como un abuso tras lo difícil que está la situación para adquirir comida en la región.
