El debido proceso fue uno de los principales derechos vulnerados tras los sucesos del 11 de abril de 2002. De los procedimientos penales, suscitados en esa fecha, un alto porcentaje se encuentra paralizado. A propósito, unas 30 mil personas de todo el país aguardan por la Ley de Amnistía.
Así se expresó el abogado Manuel Virgüez, director de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto durante una rueda de prensa en la cual se hizo acompañar por los familiares de Jimmy Torres, militar retirado preso en Ramo Verde por tomar unas fotografías durante una protesta en la avenida Lara durante las protestas de 2014. Torres, privado de libertad desde hace un año y diez meses, aceptó los hechos bajo amenaza y fue sentenciado a más de 5 años de prisión. La Fiscalía le garantizó que al año podía solicitar una medida sustitutiva que hasta la fecha le ha sido negada.
Virgüez declaró que el 11 de abril es una fecha que tristemente conmemoran los venezolanos. Se recuerda este día los hechos fatídicos que tuvieron lugar en Caracas con motivo de una protesta pacífica emprendida en el seno de la sociedad civil, la cual derivó en hechos violentos y en la salida temporal del presidente Chávez.
“Ese día se rompió un frágil pacto social en el país, alimentado por el Caracazo y los Golpes de Estado del año 92. Fue el inicio oficial de la represión en las distintas áreas de la vida del venezolano”.
La criminalización de la protesta pacífica fue otro de los derechos vulnerados. Como consecuencia de esos hechos numerosas personas han sido sujetas a sanciones penales, persecuciones, procesos administrativos, penales y laborales. Entre 2002 y 20012 unos 500 venezolanos fueron sometidos a procesos penales. Hoy en día, unas 30.000 personas de todo el país aguardan por la Ley de Amnistía, que absolverá los procesos penales de aquellos que fueron criminalizados por protestar, por defender sus derechos socioeconómicos, por su actividad sindical o laboral, apuntó.
“La Ley de Amnistía es un espacio para la reconciliación y el diálogo”.
Virgüez recordó a los cinco policías metropolitanos, presos desde 2004, quienes esperan una medida que les permita regresar a sus hogares.
Exigió una medida humanitaria para Jimmy Torres, los funcionarios policiales y todos los presos políticos.
El abogado denunció que a vecinos de la comunidad Villa Olímpica de Yaracuy y de La Carucieña en Barquisimeto, los estarían obligando a firmar en contra de la Ley de Amnistía para poder acceder a la bolsa de comida prometida por el Gobierno.
