El pueblo está urgido, necesita atención. Tocan puertas pero nadie los recibe, hablan fuerte y claro pero parece que los gobernantes no escuchan, la única alternativa del ciudadano común es protestar.
A principios del año 2016, Edilberto León, director de Seguridad y Orden Público del estado Lara pidió a los ciudadanos canalizar sus reclamos a través de los entes con competencia, solicitó aminorar las manifestaciones con cierres de vía con el propósito de evitar coartar los derechos de los demás, pero los larenses no lo escucharon.
En los primeros tres meses del año se registraron 199 protestas según la cifra del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Civil Funpaz. Hubo 56 manifestaciones en enero, 59 en febrero y 84 en marzo, en promedio 2,18 protestas diarias.
Los larenses demandan servicios básicos, alimentación y atención a la situación carcelaria, en ese orden.
A la lista también se le suma las mejoras en la educación, reivindicaciones estudiantiles, reivindicaciones laborales, mejoras en la salud, mayor seguridad y transporte público.
Andrés Colmenares, integrante de esta Asociación Civil, proyecta que los índices de conflictividad social se incrementarán puesto que el análisis de estos números indica que la crisis social y económica está empeorando.
El sociólogo Nelson Freitez opina lo mismo: “lo que se avizora es que la protesta va a continuar, a corto plazo no se visualizan soluciones y peor aún, la represión va a aumentar”.
Freitez sostiene que ante las manifestaciones de calle, el Gobierno ha ejecutado políticas represivas que van a continuar.
La población apela a la calle y las respuestas de los organismos son reactivas, no tienen planificaciones que le permitan anticiparse sino que actúan como bomberos “van y apagan el incendio cuando reciben la llamada de emergencia” pero ¿dónde está la solución permanente? se pregunta.
Otro elemento a evaluar de las protestas de calle es el seguimiento al problema que hacen los mismos ciudadanos, “la población se moviliza de forma puntual, pocas veces la protesta culmina en mesas de diálogo” dice Freitez.
Por ende, la protesta entonces se convierte en una acción repetitiva, vale recordar las protestas diarias que se generaron en la zona oeste y norte de Barquisimeto por servicio de gas.
Cuando se le consultaba a los manifestantes el por qué nuevamente trancaban la vía decían que “cada vez que trancaban, llegaba el camión repartidor” era una constante, a punto de convertirse en costumbre.
Nelson Freitez recomienda pasar de la protesta a la propuesta, consolidar lo que el diseño de la Constitución de 1999 contemplaba: participación de las comunidades en las políticas públicas, algo similar a los Consejos Comunales pero sin el control partidista, “si los Consejos Comunales funcionaran correctamente no habrían tantas protestas pues los reclamos se pudieran canalizar de otra manera”.
De vida o muerte
La gente manifiesta con rabia y frustración, se trata de demandas fundamentales: agua, alimentación y medicina.
Los motivos son todos valederos, la protesta es un derecho avalado por el artículo 68 de la Constitución.
Entre los protagonistas de este primer trimestre figuran desde estudiantes hasta pacientes oncológicos, pasando por los educadores que reiteradamente se concentraron frente a la Gobernación de Lara en las exigencias de sus reivindicaciones salariales y más recientemente los trabajadores de la salud dependientes del Ministerio, a quienes no le cancelaron a tiempo la quincena de marzo porque “no hay recursos”.
El agua, suministro de gas, y constantes apagones fueron razones de peso para que los ciudadanos se organizaran en protestas de calle. Afortunadamente pocas -o casi ninguna- terminaron en conflictos mayores.
Pero las que si tuvieron un final inesperado -según lo registrado en los medios de comunicación impresos de la región- fueron las manifestaciones por el acceso a la alimentación, específicamente a productos básicos y regulados.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social apuntó una acentuación de hechos de violencia en abastos, supermercados, cadenas de farmacias y establecimientos de venta de alimentos del Gobierno nacional (Mercal y Pdval).
Según esta ONG en enero y febrero de 2016 se documentaron 1.014 protestas en todo el país, en 2015 hubo 5.851 protestas y en 2014 hubo 9.286, un equivalente a 26 protestas diarias.
Este segundo trimestre de 2016 arrancó en el estado Lara con una intención fuerte demostrada a través de una protesta: cambio de gobernante. Una movilización convocada por políticos regionales en el marco de una acción nacional que lleva la oposición venezolana para buscar la salida del actual presidente.
Protesta que según especialistas, tiene basamento pero también conlleva riesgos, que bien conocemos los venezolanos por experiencias como las del 2013.
