Hoy serán entregadas las conclusiones de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), que se realiza en Punta Cana, República Dominicana, donde fue presentado el informe Venezuela con detalle de los casos que atentan contra la libertad de expresión, prensa y el libre ejercicio del periodismo.
En dicho informe se relata que los medios de comunicación independientes se ven sofocados por una política restrictiva de la libre circulación de la información que va desde censura indirecta para obstaculizar el acceso al papel y otros insumos imprescindibles para los medios impresos, hasta medidas judiciales contra los propietarios y directivos de medios impresos, radioeléctricos o digitales.
En este primer trimestre del año resalta el caso de El Carabobeño, diario con sede en Valencia, Estado Carabobo, que circulara ininterrumpidamente desde su fundación en 1933 hasta el pasado 17 de marzo cuando detuvo su rotativa por falta absoluta de papel, luego que los representantes del periódico no pudieron llegar a un acuerdo con la Corporación Maneiro, monopolio estatal del papel.
EL IMPULSO, tradicional diario de Barquisimeto, el más antiguo del país, fundado en 1904, anunció que en menos de un mes dejará de circular por no tener acceso al papel controlado por el gobierno. Resalta el caso de El Nacional de Caracas, al que la Corporación Maneiro siempre le cerró las puertas. El 9 de diciembre, el presidente Maduro con un ejemplar del diario en sus manos pretendió soliviantar al pueblo contra el medio: “El pueblo de Venezuela debería declararse en boicot contra El Nacional y no comprarlo más nunca nadie”.
Alrededor de 80 periódicos del país se enfrentan a la eventualidad cercana de detener sus rotativas. Los diarios La Costa y La Mañana del estado Falcón también dejaron de circular.
La estatal Corporación Alfredo Maneiro fue creada para monopolizar el suministro de papel, y desplazar a las importadoras tradicionales que dejaron de recibir divisas desde hace dos años.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía declaró el pasado 17 de marzo: “La Corporación Maneiro ejerce un monopolio dependiente de la administración pública. No es beneficioso ni útil, pero el gobierno se vale de él para negar las bobinas de papel. Es un organismo de censura para que los medios bajen la cabeza ante sus mentiras”.
Aparenta que solo sobrevivirán aquellos rotativos controlados por el gobierno.
Preocupa también la medida dictada contra David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, con sede en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, que lo condena a cuatro años de prisión por el delito de “difamación e injuria”. El diario publicó una serie de reportajes de investigación sobre graves actos de corrupción en la compañía minera estatal Ferrominera, la principal procesadora de hierro. La medida ha sido rechazada por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, por los gremios de prensa y por organizaciones internacionales, entre ellos las SIP que la calificó consideró: “Una grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada en temas de interés público”.
Las medidas judiciales contra directivos y propietarios de los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, portal noticioso digital, dictadas a partir de una demanda del diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, siguen su curso, obligando al exilio a varios de ellos o a permanecer en el país con prohibición de salida.
Pese a los reclamos y señalamientos internacionales, el gobierno de Maduro continúa con una grave política de obstaculización a las libertades de expresión y prensa, y de irrespeto a los derechos humanos.
