Este jueves, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), se aprobó en segunda discusión la Ley que otorga el Título de Propiedad a los Beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela, luego de que este miércoles fuera suspendido el debate por falta de quórum.
No obstante, al realizarse modificaciones en el Proyecto de Ley, la Cámara deberá remitirla nuevamente a la Comisión que la planteó para ser incluida en un lapso no mayor a 15 días continuos; posteriormente será enviada a la Plenaria de la Asamblea y al Poder Ejecutivo.
Jony Rahal, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, desmintió que con este instrumento legal se pretenda hipotecar las viviendas que los venezolanos han recibido por parte del Estado o que la oposición tenga algún convenio la banca privada.
Durante su intervención, reprodujo un video en el cual varios residentes de estos complejos manifestaron la necesidad de contar con un título que les asegure un lugar para sus hijos en el futuro.
Acotó que quien tiene mafia con la industria cementera es el Gobierno y planteó a la bancada oficialista, realizar una auditoría del millón de viviendas construidas durante estos 17 años.
Por su parte, el parlamentario por el Gran Polo Patriótico, Hugbel Roa, señaló que “en el fondo esconden la privatización de este esfuerzo inmenso que hizo el Ejecutivo para otorgar el primer millón de viviendas de los tres que vamos a construir”.
Aseveró que la vivienda ahora será un instrumento financiero y una forma de darle a la banca un apoyo basado en un logro colectivo.
Por otra parte, el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, quien propuso cancelar la deuda que tengan los beneficiarios para obtener su título de propiedad, informó que próximamente introducirán el Proyecto de Ley de Barrios.
Gestión anticorrupción
De igual forma, en la orden del día estaba dispuesta la presentación del informe de gestión 2015 de la Contraloría General de la República, a cargo de su máxima autoridad, Manuel Galindo.
Durante su discurso destacó la lucha incansable que ha tenido el órgano contra la corrupción “venga de quien venga”.
Advirtió que los actos de corruptelas no prescriben, por lo tanto no pueden gozar del “autoperdón” o de una amnistía porque se estarían violando los Derechos Humanos.
De igual forma explicó que para el mes de febrero del año 2015 se creó un voluntariado, para capacitar y formar al poder popular en las actividades de planificación, ejecución y control de políticas públicas, bajo el lema de “Contralores Somos Todos”.
Mientras el funcionario ofrecía los datos, hizo entrada al hemiciclo el diputado por el estado Carabobo, Marco Bozo, quien sufrió agresiones por parte de presuntos oficialistas, luego de que acompañara a sus colegas a exigir al CNE, el formato de recolección de firmas para el Revocatorio.
Asimismo, Galindo añadió que la Contraloría fue partícipe de eventos internacionales, que le permitieron dar a conocer las políticas anticorrupción que mantiene Venezuela.
Finalmente en materia de multas, reportó el incremento de un 296% respectó al 2014, lo que se traduce en 7 millones 598 mil 882 bolívares y la creación de un mecanismo para verificar que las personas cancelaran la sanción correspondiente.
